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En la operación fueron detenidas ocho personas, según informó el Ministerio del Interior las mujeres eran captadas en Paraguay y trasladadas a España por la organización, que las obligaba a ejercer la prostitución en dos clubes de alterne situados en la provincia de Cuenca (centro).
Con esa labor tenían que saldar una deuda de entre 3.500 y 4.000 euros por los gastos generados por su traslado, equivalentes a entre 4.750 y 5.400 dólares al cambio actual.
En la operación fueron detenidas ocho personas y cerrados dos clubes de alterne, así como un hostal-restaurante anexo a uno de estos locales.
Entre los detenidos figuran los dos cabecillas de la banda, un hombre español y su pareja sentimental, de nacionalidad paraguaya, así como el hijo del primero, que se encargaba de recoger a las mujeres a su llegada a España y de controlarlas mientras trabajaban en los clubes de alterne cerrados.
Buscaban jóvenes en situación precaria en su país de origen, a las que convencían para viajar a España, donde les imponían una deuda económica que debían saldar ejerciendo la prostitución bajo un estricto control y medidas de seguridad.
Otra de las medidas de presión que adoptaban era la retirada de su documentación personal y aleccionaban a las mujeres sobre cómo debían actuar en caso de que la policía realizara algún control.
Durante los registros efectuados se comprobó que varias mujeres estaban confinadas en sus habitaciones, en un intento por ocultarlas a la Policía.
Como actividad complementaria a la explotación sexual y laboral de las víctimas, la organización se dedicaba al menudeo de sustancias estupefacientes, que tenían como destinatarios a las mujeres explotadas y a los clientes.
En el transcurso de la operación se intervinieron varias armas prohibidas en España, como dos katanas.
En los clubes fueron localizadas diecinueve mujeres en situación de riesgo, a las que se les ofrecieron medidas de protección previstas en la legislación.