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El Supremo prohíbe salir de Brasil a culpables del “juicio del siglo”

Este artículo tiene 14 años de antigüedad

BRASILIA. Los 25 reos declarados culpables de haber participado en corruptelas que en 2005 pusieron en jaque al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva deberán entregar hoy sus pasaportes a la justicia, según confirmó el Tribunal Supremo de Brasil.

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En la práctica, la decisión de la corte supone una prohibición para abandonar el país, adoptada ante la presunción de que algunos de los condenados pretenda huir de la justicia.

Según una nota publicada en el portal del Supremo en internet, la decisión fue tomada por el juez instructor del llamado “juicio del siglo”, Joaquim Barbosa, quien consideró “absolutamente inapropiado cualquier viaje al exterior por parte de los reos ya condenados”.

La medida afecta, entre otros, al exministro de la Presidencia José Dirceu, al expresidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

El proceso tuvo un total de 37 acusados, de los cuales 25 fueron declarados culpables.

El caso se refiere a una red de corrupción estructurada por el PT después de que Lula ganó las elecciones del 2002, que le llevaron al poder por primera vez.

Según la acusación, que la corte consideró probada, el PT se valió de recursos públicos para financiar campañas en forma ilegal y para sobornar a dirigentes de cuatro partidos a cambio de su apoyo en el Congreso al Gobierno de Lula, que había ganado las elecciones sin mayoría parlamentaria.

Hasta ahora, la corte solamente ha dictado sentencia contra el publicista Marcos Valerio Fernandes, que puso dos de sus empresas al servicio de la red de corruptelas.

Fernandes ha sido condenado a 40 años, un mes y seis días de prisión, pero la semana pasada su defensa presentó una oferta de “colaboración” con la justicia, mediante la cual aspira a reducir esa pena.

Según la prensa local, para poder acogerse a la llamada “delación premiada” Fernandes está dispuesto a revelar nuevos datos que supuestamente implican directamente en el asunto a Lula, quien no figuró entre los acusados debido a que la corte no halló pruebas en su contra.

Ni Fernandes ni sus abogados confirmaron esas versiones respecto a Lula, pero las conjeturas de la prensa llevaron a partidos de la oposición a exigir a la Fiscalía que se investigue la presunta responsabilidad del exmandatario en los escándalos.

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