El Servicio de Inmigración (ICE) subrayó que el sensible aumento es resultado directo del decreto firmado por el presidente Donald Trump el 25 de enero y que determinó un refuerzo en el control, arresto y remoción de extranjeros en situación irregular.

De acuerdo con las estadísticas del fin del año fiscal, el 92% de esos arrestos se refiere a extranjeros en situación irregular y ya condenados criminalmente o en espera de una condena.

El director interino del Servicio de Inmigración, Thomas Homan, dijo que la secuencia estadística cambia bruscamente de tendencia a partir de inicios de febrero, cuando la orden de Trump de reforzar la vigilancia entró en vigor.

Homan apuntó que si se considera solamente el período entre el 20 de enero (investidura de Trump) al fin del año fiscal, en septiembre, se arrestaron 110.568 extranjeros ya condenados o en espera de una sentencia.

“Esto representa un aumento de 42% en los arrestos de criminales en relación al mismo período del año anterior”, apuntó el funcionario.

En tanto, la Patrulla Fronteriza interceptó a 310.531 personas que intentaban ingresar clandestinamente al país. Casi el 98% de esos arrestos (303.916, precisamente) se registró en la frontera con México.

En general, los números muestran que mientras la Patrulla Fronteriza experimentó una leve reducción en el número de capturas, como resultado de una oleada migratoria menos intensa, el Servicio Migratorio fortaleció sus operaciones en el interior del país.

Pero a pesar del fuerte aumento en el número de arrestos, las estadísticas muestran que el volumen de remociones o deportaciones también se redujo ligeramente.

En el año fiscal anterior el país había expulsado a 149.821 personas pero cayó a 128.765. En opinión de Homan, “el número de expulsiones ha bajado porque las fronteras están mejor controladas de lo que han estado en los últimos 45 años”.

Del total de personas expulsadas por el ICE, nada menos que el 56% son mexicanos. Si se suman los países del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) ese total alcanza al impresionante 90% de los deportados del país.