La sentencia, dictada por el Tribunal Supremo español, “es gravísimamente inconstitucional, en términos hasta ahora desconocidos en nuestro Estado democrático”, afirmó Garzón en su recurso, según un comunicado de sus abogados.

Dirigirse al Tribunal Constitucional es el único recurso a su disposición en España ya que la sentencia del Supremo no admite apelaciones.

Si el Tribunal Constitucional estima el amparo de Garzón, “puede anular la sentencia del Tribunal Supremo, y a Baltasar Garzón se le declararía inocente, y volvería a ser juez con todos sus derechos”, señalaron sus abogados.

Los doce intérpretes de la Constitución española no tienen límites de tiempo para pronunciarse sobre el caso.

Garzón fue condenado a 11 años de prohibición de ejercer por haber ordenado escuchas entre presos y sus abogados, en violación del derecho a la defensa, en una investigación sobre una presunta red de corrupción que en 2009 implicó a altos cargos de la derecha española.

Esta decisión hundió la carrera del magistrado, de 56 años, célebre por haber mandado detener al exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres por violación de los derechos humanos.

La sentencia dividió al país y desató una serie de protestas en España y fuera de sus fronteras.

Por el contrario, el juez fue absuelto a finales de febrero tras un segundo proceso muy polémico, en el que era juzgado por haber investigado las desapariciones durante el franquismo, en un país donde aún siguen abiertas las heridas de ese período.

Por iniciativa de dos organizaciones de extrema derecha, Garzón fue juzgado por haber infringido la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en 1977, al abrir una instrucción en 2008 sobre la suerte de más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil (1936-39) y el franquismo (1939-75).