En un mensaje a los medios en Chilpancingo, capital de Guerrero, el político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que presentaba al Congreso estatal su solicitud de licencia para “favorecer a un clima político” que permita resolver la emergencia.

“La prioridad debe de ser continuar con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y garantizar que los responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos sean castigados”, añadió Aguirre.

Ahora, explicó, el Congreso deberá elegir “responsablemente” a la persona que continuará al frente del Gobierno de Guerrero hasta que concluya su mandato en 2015.

Su salida del poder era una de las principales demandas de los familiares de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala y de sus compañeros, que han protagonizado numerosas protestas para exigir el regreso a casa de los jóvenes.

En los últimos días las movilizaciones, en las que también participan miles de maestros, se han radicalizado con ataques a las oficinas del Gobierno estatal, del Congreso, de las instalaciones del PRD y de las alcaldías de Chilpancingo e Iguala.

“Esta es una decisión responsable para seguir sirviendo al pueblo y al estado que me vio nacer, al pueblo al que me debo y al que le he dedicado gran parte de mi vida”, aseveró el político del PRD, el mismo partido del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, considerado uno de los autores intelectuales de los hechos del 26 de septiembre.

Aguirre dijo haber trabajado “incansablemente hasta el día de hoy” para castigar a los responsables y localizar a los jóvenes desaparecidos.

Aseguró que “tomó medidas inmediatas para detener a los policías directamente implicados” y a otros señalados “partícipes de estos hechos”, así como para localizar a los jóvenes y brindar la atención a todas las víctimas.

Además, “convencido de que las características de estos hechos obligaban a una intervención del Gobierno federal, de inmediato informamos a las instancias competentes y solicitamos su colaboración”, dijo Aguirre, quien también aseguró haber informado sobre “los antecedentes de estos hechos” a las fuerzas federales.

El político indicó que hoy presentará un informe detallado de todas sus actuaciones para “atender la tragedia” al Congreso del estado, al Legislativo federal, al ombudsman nacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En los ataques del 26 de septiembre murieron seis personas, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes desaparecieron tras haber sido detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, según declaraciones de varios detenidos.