El padre de los tres menores, Ghasan Abu Jamal, de la población de Yabel Mukaber, en Jerusalén Este, murió el 18 de noviembre por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en el ataque, que causó cinco víctimas mortales.

La semana pasada el ministro de Interior israelí, Guilad Erdán, anunció que sería revocado el estatus de residente en Jerusalén de la viuda, Nadia Abu Jamal -originaria de Cisjordania y que lo obtuvo al convertirse en cónyuge-, y que junto con sus descendientes serían deportados a los territorios palestinos.

Los tres hijos, de 6, 4 y 2 años nacieron en Jerusalén y han vivido toda su vida en la ciudad como residentes de la urbe, cuya parte oriental es territorio ocupado por Israel desde 1967 y donde los palestinos aspiran a establecer la capital de su Estado.

De acuerdo al medio, la progenitora descubrió la revocación de la cobertura médica de sus hijos cuando llevó a uno de ellos a un ambulatorio con el fin de recibir tratamiento para una dolencia crónica, y se le comunicó que no sería atendido porque ya no disponía de esa cobertura social.

El Centro para la Defensa del Individuo, Hamoked, que representa a la familia señaló que el Instituto de la Seguridad Social había cancelado el estatus de residente de los niños en su base de datos, y que como resultado se había producido la cancelación del seguro médico el pasado 19 de noviembre, un día después del atentado.

Los hechos se produjeron una semana antes de que le revocaran a la madre el estatus especial que tienen los palestinos residentes en Jerusalén Este, lo que apunta a que se trató de una iniciativa particular que tuvo un empleado de la agencia gubernamental.

De acuerdo al centro, no existe una base legal para negar el seguro médico a los menores.

“Están castigando a niños pequeños por las acciones de su padre”, manifestó la directora ejecutiva de Hamoked, Dalia Kerstein, quien no duda de que “esto es una venganza en toda regla, no tiene base legal. Nosotros como sociedad no podemos comportarnos de esta manera”.

En un comunicado remitido al Haaretz, el Instituto de la Seguridad Social israelí aseguró que los hijos de Nadia Abu Jamal no podían ser reconocidos como resientes israelíes porque su padre no seguía con vida y la madre no era residente.

Israel ha ordenado además la demolición de la vivienda de la familia así como la del primo de Ghasan, Oday Abu Jamal, que presuntamente participó en el ataque a la sinagoga.

Las familias han apelado la decisión en una demanda que ha sido apoyada por ocho organizaciones no gubernamentales israelíes, entre ellas Yesh Din, Betselem o Hamoked.

Éstas consideran que “el castigo de la demolición de viviendas constituye una grave vulneración del derecho humanitario internacional, las leyes internacionales de ocupación beligerante y los derechos humanos internacionales, y que se contradice con lo estipulado en la legislación israelí acerca de que las personas no pueden ser castigadas por acciones cometidas por otros”.