El juez Manuel Valderrama decidió cerrar el denominado ‘Caso Riggs’ al agotar las diligencias sin aclarar el origen de gran parte de los más de 21 millones de dólares que se encontraron ocultos en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras instituciones extranjeras a nombre de Pinochet y su familia.
“Se cierra el sumario en la causa, porque se encuentran agotadas todas las diligencias”, dijo Valderrama al anunciar su decisión a periodistas.
Ninguno de los cinco hijos del exdictador ni su esposa, Lucía Hiriart, que inicialmente fueron encausados en este caso por malversación, fueron acusados de delito alguno.
“Se investigó durante nueve largos años. Se solicitó información a un sinnúmero de entidades que la proveyeron y finalmente termina en nada”, afirmó a la AFP el nieto del exdictador Rodrigo García Pinochet.
“Se acusó a mi abuelo de millones de dólares que él había robado. Se habló de tráfico de armas, de lingotes de oro y finalmente esto no queda en nada, pero el desprestigio que queda para su nombre y el de su familia es muy difícil de limpiar”, agregó.
En la indagatoria, el juez acusó, sin embargo, a seis exoficiales del Ejército como autores del delito de malversación de caudales públicos, por ayudar a ocultar el dinero.
Entre los inculpados, los exgenerales Jorge Ballerino y Ramón Castro fueron acusados por abrir la primera cuenta secreta de Pinochet en el Banco Riggs de Washington, donde usaron seudónimos de ’Daniel López’ para esconder su verdadera identidad.
Asimismo quedaron como reos el exgeneral Sergio Romero y los excoroneles Eugenio Castillo, Gabriel Vergara y Juan MacLean, que en su calidad de secretarios privados del exdictador hicieron diversas gestiones para transferir dinero, abrir y cerrar cuentas y ocultar su existencia.
“Hubo falta de interés en seguir esta causa, con muchas aristas que quedaron poco claras”, comentó uno de los abogados querellantes, Alfonso Insunza, a radio Cooperativa.
“Nunca vamos a saber cuál es el verdadero enriquecimiento ilícito de Pinochet”, criticó por su parte otra de las abogadas querellantes, Carmen Hertz.
“Pinochet se enriqueció ilícitamente a lo largo de los 17 años de dictadura y con posterioridad armó toda una trama de operaciones financieras para ocultarlo”, agregó Hertz.
El caso se abrió en 2004, dos años antes de la muerte de Pinochet, ocurrida en diciembre de 2006, cuando una investigación del Senado de Estados Unidos halló los dineros ocultos a nombre de Pinochet.
Esa comisión investigaba el financiamiento al terrorismo tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001.
La investigación judicial en Chile logró determinar que se abrieron casi un centenar de cuentas, pero no pudo establecer el origen de 17 de los 21 millones de dólares depositados.
Entre las cosas que la pesquisa no pudo comprobar figura la recepción de comisiones por la compra de armas o el desvío de fondos públicos.
La familia del exdictador sostiene que los dineros -sobre los cuales pesaba un embargo- son fruto del ahorro de una vida austera del ex dictador.
“Estamos hablando del patrimonio de un hombre de toda su vida. El contó con asesoría para invertir”, explicó este lunes su nieto.
“Pinochet hizo fraude fiscal. Malversó caudales públicos desviando fondos públicos y también gastos reservados de la Presidencia y eso quedó acreditado en la investigación judicial”, refutó la abogada Hertz.
La parte querellante tiene 15 días para apelar la resolución del juez Valderrama.
Por este caso, Pinochet fue desaforado en su calidad de expresidente y alcanzó a estar algunas semanas bajo arresto domiciliario, antes que fuera sobreseído tras su muerte, a los 91 años, por un infarto.
Otras causas judiciales contra Pinochet por violaciones a los derechos humanos durante su dictadura tampoco lograron inculparlo antes de su muerte.