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“Esta ley contribuye a saldar una deuda histórica de Brasil con nuestros jóvenes más pobres”, aseguró hoy la presidenta Dilma Rousseff en su programa semanal de radio.
Las 59 universidades federales del país tendrán que aplicar la ley inmediatamente para la selección de los alumnos que iniciarán cursos el próximo año, subrayó la presidenta.
La ley establece que en 2013 el 12,5 % de las matrículas universitarias estará reservado para negros, indios y alumnos de la enseñanza pública y que ese porcentaje tendrá que ser elevado en los años siguientes hasta llegar al 50 % en 2016.
La política de discriminación positiva o de acción afirmativa reserva para los alumnos procedentes de escuelas públicas la mitad de los cupos en las universidades públicas federales del país, varias de las cuales superan a las privadas en las listas internacionales de mejores centros académicos de Brasil.
La iniciativa busca impedir que alumnos procedentes de escuelas privadas, por lo general con una calificación muy superior a los de las públicas en los exámenes de evaluación de bachilleres, acaparen la mayoría de las plazas en las universidades públicas.
“Nuestro objetivo es ampliar el acceso a nuestras universidades y a nuestros institutos federales a los jóvenes de las escuelas públicas, a los negros y a los indios. Esas universidades están entre las mejores del país y, muchas veces, los estudiantes procedentes de escuelas públicas tienen dificultad para ingresar a ellas”, afirmó Rousseff.
Pero la ley también prevé que entre los estudiantes de escuelas públicas admitidos en las universidades, que serán seleccionados según sus notas, se ofrezcan subcuotas para quienes se declaren negros, mulatos, indios o de familias de baja renta.
De esa forma la mitad de los cupos se ofrecerá a los estudiantes con las mejores notas que demuestren que su renta familiar es menor a un salario mínimo y medio por mes (933 reales o 466 dólares) sin importar su raza, y la otra mitad a quienes aleguen criterios raciales, de forma proporcional a la distribución de razas en cada estado del país.
En estados como Bahía, con el mayor porcentaje de población negra de Brasil, el criterio favorecerá a los afrodescendientes, en tanto que los indios serán los más beneficiados en los estados amazónicos.
La mayoría de la población brasileña se declaró afrodescendiente en el Censo de 2010, algo inédito desde que el país comenzó a recoger estadísticas de la población en 1872.
Según el último censo, de los 190,8 millones de brasileños, un 50,7 % es negro o mulato, un 47,7 % blanco, un 1,1 % amarillo (de origen asiático) y un 0,4 % indio.
Antes incluso de la aprobación de la ley, 32 de las 59 universidades federales contaban con sistemas para favorecer a los aspirantes más pobres y 25 ya poseían cuotas raciales.
La entrada en vigor de la ley coincidió con la publicación en la prensa de informaciones aún no confirmadas por el Gobierno según las cuales Rousseff analiza una iniciativa para extender esas cuotas a los concursos de selección de empleados públicos.
Las políticas de cuotas fueron declaradas constitucionales este año por el Tribunal Supremo Federal en un juicio en el que se pronunció sobre una demanda del partido derechista Demócratas contra el sistema por considerarlo sin sentido en una sociedad de mezclas raciales como la brasileña.