La notificación llegó al Congreso estatal de Sinaloa (noroeste) y, a partir de ahora la diputada local por el municipio de Cosalá tiene un plazo de siete días para responder ante el Legislativo federal.

Rubén Tamayo, abogado de la legisladora, dijo que estudiará el documento y cuando se tengan los elementos necesarios se presentará la defensa.

La Cámara de Diputados de México instaló el 15 de marzo la Sección Instructora que se encargará del proceso de desafuero de Sánchez.

El proceso surgió tras una solicitud de la PGR, que la acusa de acreditarse en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, usando documentos oficiales falsos para visitar a Guzmán en abril de 2015.

Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa o del Pacífico, fue internado en enero de 2014 en el Altiplano, de donde escapó en julio de 2015 y a donde fue ingresado de nuevo en enero pasado tras ser recapturado en Sinaloa, su estado natal.

La Sección Instructora está integrada por dos diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno del Partido Acción Nacional (PAN) y otro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) .

El presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), dijo entonces que el proceso de desafuero a Sánchez no deberá rebasar los 60 días hábiles.

En caso de que el dictamen de la Cámara de Diputados sea positivo para el desafuero, corresponderá al Congreso de Sinaloa poner a la imputada “a disposición de la autoridad que la requiere, ya sin inmunidad”, aseguró Ramírez Nieto.

La diputada Lucero Sánchez se separó en enero pasado de la fracción parlamentaria del PAN, partido que niega su afiliación, y acusó al Gobierno de montar un “show televisivo” por ligarla con el capo.