BRASILIA.  La discusión sobre los fueros cobró especial relevancia a raíz de los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, que hasta ahora han salpicado a cientos de políticos y empresarios del sector privado.

Con la aprobación, el análisis del proyecto concluyó en la Cámara Alta, tras superar una primera votación en abril pasado. Ahora pasa la Cámara de los Diputados, que también tendrá que someter el texto a dos votaciones al tratarse de una alteración constitucional.

El proyecto aprobado por el pleno del Senado, excluye a los presidentes del país, de la Corte Suprema y de las dos cámaras legislativas, además de al vicepresidente, quienes seguirían con fuero como hasta ahora y cuyos casos continuarían siendo juzgados en el máximo órgano de la Justicia brasileña.

Sin embargo, retira los fueros a unas 34.000 autoridades, entre las que figuran los legisladores, nacionales o regionales, el fiscal general del Estado y los ministros del Gobierno.

También elimina ese privilegio para gobernadores, magistrados de tribunales superiores, jueces federales, embajadores y comandantes militares, entre otros.

La actual legislación sobre el asunto también reserva unos fueros especiales a gobernadores, alcaldes, diputados regionales, concejales, jueces y otras autoridades que, en casos de delitos comunes o de corrupción, gozan de instancias judiciales especiales.

En el caso del presidente del país, los parlamentarios, ministros o magistrados de la Corte Suprema, los casos son remitidos a ese mismo tribunal.