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BRASILIA. Los 81 senadores deberán pronunciarse sobre un parecer emitido por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la cámara alta que la semana pasada pidió suspender el decreto presidencial que autorizaba la portación de armas a algunos sectores de la población.
Más temprano, Bolsonaro presionó a senadores y diputados para “no dejar morir” el texto. En un acto oficial, el mandatario defendió su política armamentista como elemental en el combate a la violencia en las ciudades y en el campo.
Si el Senado apoya el parecer de la CCJ, el texto de Bolsonaro quedará archivado, de lo contrario pasará a debate en la Cámara de los Diputados.
La ordenanza presidencial que facilita el porte de armas es blanco de críticas de parte de legisladores, expertos y varios sectores de la sociedad por considerar que incrementará la violencia en el país que registró 65.602 asesinatos en 2017, según datos oficiales.
La cifra equivale a una tasa de 31,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, tres veces superior al nivel considerado por la ONU como violencia endémica.
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En su decreto, Bolsonaro autorizó el porte de armas en la vía pública a políticos, agricultores, camioneros, cazadores y quienes practican el tiro deportivo, entre otros, y elevó de 50 a 5.000 las municiones que pueden ser compradas al año por propietarios de armas, dependiendo del calibre.
Tras el parecer negativo de la CCJ la semana pasada, Bolsonaro pidió a sus seguidores en las redes sociales “exigir” a los senadores votar a favor de los decretos, una acción que irritó a varios senadores que denunciaron haber recibido amenazas.