El proyecto regula la venta de siete aviones Bombardier CRJ900, que Pluna adquirió con el Estado uruguayo como garante, y la posterior negociación de las rutas aéreas a cambio de la contratación de ex empleados de la aerolínea.
Se prevé la posibilidad de que haya dos subastas de los aviones: la primera con una base de 135 millones de dólares, equivalentes a la deuda con garantía del Estado ante el canadiense Scotiabank, que financió la compra de las aeronaves. Y si no hay interesados, habría una segunda subasta “a la baja”, con una base de 100 millones de dólares. En caso de no alcanzarse los 135 millones de dólares, el Estado aportaría el dinero faltante para pagar al Scotiabank.
A su vez, el oferente deberá negociar con el Ejecutivo la compra de las frecuencias y la incorporación de exfuncionarios de Pluna para esos siete aviones.
“Es una situación dolorosa y justamente el Estado está buscando a través de esta ley los mejores caminos” para los ex trabajadores de la aerolínea, la conectividad del país y “poder cumplir las deudas y compromisos con otros actores de la sociedad”, destacó el senador oficialista Daniel Martínez, quien presentó el proyecto.
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Se espera que el proyecto de ley sea aprobado con los votos del oficialismo, mientras que la oposición -que solo acompañaría tres artículos referidos al pago a los funcionarios de la aerolínea- cuestionó el papel del gobierno en la quiebra de Pluna, a cargo del Estado desde el 15 de junio, cuando se produjo la salida del socio privado mayoritario LeadGate.
El senador del Partido Nacional Carlos Moreira se preguntó cómo se llegó a la situación de insolvencia de la línea aérea y criticó la “pésima asociación” del Estado con LeadGate, acordada durante el primer gobierno del gobernante Frente Amplio (izquierda).
Moreira presentó a fines de mayo una denuncia penal por presunto “vaciamiento” de la aerolínea desde que ésta pasó a control de LeadGate en 2007.
El gobierno ha admitido la insuficiencia patrimonial e insolvencia de la aerolínea, que según medios de prensa tiene un pasivo de 380 millones de dólares debido a la deuda con el Scotiabank, con la petrolera estatal uruguaya Ancap, el estatal Banco República y al menos tres fideicomisos.
Creada en 1936 por capitales privados, Pluna pasó a propiedad del Estado en 1951 y volvió a incorporar privados en 1995, cuando se asoció con la brasileña Varig. Tras la quiebra de ésta en 2006, el Estado uruguayo absorbió el 49% del paquete accionario de Varig.
Un año más tarde, Leadgate -fondo de inversión internacional- se quedaba con el 75% de las acciones a cambio de que el Estado aportara 28 millones de dólares para dejar a la empresa en positivo y saliera de garante de la compra de nuevos aviones.
Mientras los trabajadores de Pluna se manifestaron frente al Palacio Legislativo, se acumulan los reclamos de pasajeros afectados por el cese de la operativa.
Hasta el miércoles se habían presentado ante la oficina de Defensa del Consumidor más de 400 afectados por el cierre de Pluna, indicó el canal 10 de televisión, mientras que el estatal Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Chile anunció el jueves una demanda colectiva en contra de la aerolínea uruguaya.
Según el ministro de Transporte, Enrique Pintado, hasta octubre Pluna tenía vendidos 54.000 pasajes, de los cuales “casi 16.000 ya fueron resueltos”.
Con 900 empleados y una flota de 13 aviones Bombardier CRJ900, Pluna volaba desde Uruguay hacia Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, transportando más de un millón y medio de pasajeros anuales.
El proyecto debe pasar luego a la Cámara de Diputados, donde se discutiría el lunes.