“Uno de los planteamientos que han hecho las familias tiene que ver con el uso de tecnologías para la búsqueda. Ellos por ejemplo refieren, y también los expertos (internacionales) lo plantean, el uso de drones y de una tecnología que permite detectar oquedades en la tierra o remociones en la tierra”, indicó Betanzos en conferencia de prensa.

Dichos elementos, añadió, “serán empleados por parte de la Procuraduría General de la República en las acciones de búsqueda que corresponden”.

El funcionario indicó que se trata de “drones que pidió la Procuraduría General de la República” y que “esta tecnología está ya lista para poderse usar”, si bien no precisó si la institución ya cuenta con los aparatos.

Por otro lado, Betanzos refirió que el pasado martes se reunió con Carlos Beristain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para colaborar en las investigaciones del caso, y con Omar Gómez, secretario ejecutivo del mismo grupo.

El objetivo del encuentro fue establecer las bases del plan de trabajo que se desarrollará con el GIEI en los seis meses que durará la extensión de su mandato en México, dijo.

Enfatizó que independientemente de prórroga del mandato del GIEI, la PGR seguirá investigando. “Y con esto quiero también mencionar que el hecho de que la prórroga sea por seis meses no necesariamente llevará a que la investigación se cierre en seis meses”, expuso.

“El Ministerio Público de la Federación sigue investigado el tiempo que sea necesario y solo la coadyuvancia técnica de los expertos es la que concluirá en seis meses”, explicó.

La CIDH anunció ayer que el grupo de expertos designado para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, el 26 de septiembre del año pasado, continuará trabajando en el caso hasta el 30 de abril de 2016, con posibilidad de renovar el mandato.

La Comisión pidió al Gobierno mexicano que sus expertos tengan “las condiciones necesarias” en su nuevo mandato de seis meses, para continuar investigando la desaparición de los estudiantes.

El 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de escuela para maestros de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por policías corruptos en Iguala, Guerrero, presuntamente por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca.

Esa noche murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y los 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes según las autoridades presuntamente los asesinaron y quemaron sus restos en el basurero del vecino municipio de Cocula, una versión que no comparten las familias.