La estructura que nutre hace décadas a este sistema vaticina de antemano el fracaso de la iniciativa “descentralizadora” y por citar algunas de las prácticas naturalizadas en las intendencias municipales advertimos: los excesos, abusos, corrupción, negligencia administrativa profunda, falta de transparencia, clientelismo político, inexistencia de enfoque estratégico y la incapacidad de desarrollar políticas públicas locales en materia de salud, educación, infraestructura, inversión y trabajo.
En la práctica es un secreto a voces que los municipios se crean para colgarse de los recursos de Fonacide y royalties; es también innegable la falta de talento en la recaudación genuina, total ineptitud administrativa y casi inexistente gestión técnica; a todo esto debemos sumar que ni siquiera pueden administrar su propio catastro. Las ideas que se esgrimen ameritan un debate más profundo y urgente, antes de replicar la desgraciada fórmula existente. EN SÍNTESIS: Los intendentes y concejales, salvando honrosas excepciones que confirman la regla, se convierten en la primera etapa de un proceso de corrupción mediante el cual los presupuestos municipales y los impuestos ciudadanos se convierten en favores y privilegios políticos que alimentan las licitaciones y compras sobrefacturadas en favor de los administradores de turno.
El argumento de la descentralización de recursos se estrella contra la corrupta realidad que con grosera altanería se evidenció en las denuncias formuladas en contra de las intendencias municipales de Ciudad del Este, Lambaré, Ñumi, Jesús, Mbocayaty, Limpio, San Antonio, Tavaí, Paso de Patria, Maracaná, Juan E O’Leary, Independencia, Coronel Martínez, San Carlos del Apa…, y puedo seguir. Pero nada de lo que argumente cambiará la situación, ni invitará a un debate serio sobre factores determinantes como la territorialidad y la sostenibilidad de los nuevos municipios que pretenden crearse de cara a las elecciones municipales del 2020.
La noticia de la creación de nuevos municipios parece una anécdota más del extractivismo político que florece y se reproduce en nuestro país, no obstante, quisiera advertir que estas decisiones son de extrema importancia en la vida del ciudadano, pues implica la multiplicación de la burocracia política rentada con nuestros impuestos, además de una inútil y lamentable complejización en la administración del territorio, que termina derivando en otros males como la fragmentación y reproducción de procedimientos, recursos innecesarios y aumento de la ineficacia.
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Aquellos ciudadanos que deseen informarse y estudiar un poco más el tema pueden investigar la situación de Puerto Rico que es uno de los casos clásicos de degradación administrativa del territorio por la voracidad política.
Por último, señalar que estamos yendo por un pésimo camino, transitando con impunidad deshonrosa la insensatez suicida de una clase política rapaz que puede extraer de nuestra democracia todo aquello que le retribuya en poder, recursos públicos y clientela política. Se tenía que decir, y se dijo.
Kattya González