Unos 130 millones de dólares ofrecidos para transformar 140 kilómetros de la Ruta VII en una autopista ingresó al limbo de los senadores y lo certero es que de ella se librará cuando aparezca una cometa. La falta de dictamen de las comisiones es la excusa y la prueba de la pereza en el desempeño de sus funciones.
Los usuarios de la Ruta VII urgen un camino ampliado de manera a agilizar y abaratar el desplazamiento desde y hacia el este del país por lo que es de sensatos convalidar una aprobación confirmada por diputados a la propuesta de los inversionistas.
Por el cobro del peaje, los empresarios ofrecen una autopista, de doble mano por sentido, totalmente equipadas como las hay en el Brasil o Argentina, más servicios adicionales de auxilio mecánico, patrullaje y ambulancia, operando a plenitud desde el segundo semestre del 2018.
El negocio es atractivo porque el fisco no compromete ni un guaraní de sus ingresos y se transfiere toda la obligación de restituir la inversión a los que efectivamente utilizan el camino pagando una tasa de tránsito. El costo no estará socializado como ahora.
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Dios quiera que los senadores dejen de jodernos y atiendan la propuesta para ampliar la Ruta VII desde Caaguazú a Ciudad del Este y eviten que los dueños del capital pierdan la paciencia y emigren atraídos por la administración del argentino Macri.
La imprevisibilidad legislativa desnuda el por qué el Ejecutivo apuró su ley de APP para obras de infraestructura y evitar hechos que tranquen contratos como la ampliación de una concesión de ruta, que funciona y bien, por meses y años.
Eliseo Martín Álvarez