La iniciativa legislativa del Partido Socialista (PS, en el poder) fue adoptada por la Asamblea Nacional por 268 votos a favor y 138 en contra, con la abstención de 79 diputados, pero el texto ha conseguido hacer desbordar las diferencias entre los partidos franceses.

La izquierda en el gobierno no se ha mostrado unida detrás del proyecto, que aún deberá ser aprobado por el Senado antes de su promulgación y entrada en vigor, y ha ido reuniendo votos en contra de los conservadores, pero las abstenciones han proliferado de una y otra parte del espectro político.

A lo largo de varias semanas, al tiempo que se sucedían las tomas de posición de organizaciones no gubernamentales de todo tipo, asociaciones de defensa de los derechos de las prostitutas o agrupaciones feministas, se ha podido observar la evolución de posturas sobre el asunto.

Entre los conservadores de la Unión por un Movimiento Popular (UMP, en la oposición) los ha habido que al explicar su voto en contra se han apresurado a advertir de que no es porque estén a favor de la prostitución, sino por verse obligados a legislar “tan rápido”, como declaró la diputada Marie-Louise Fort.

La propuesta acaba con una medida que fue precisamente aprobada durante el mandato del presidente conservador Nicolas Sarkozy (2007-2012) que consistía en penalizar con hasta dos meses de cárcel y 3.750 euros de multa el ejercicio de la prostitución en la calle, delito que ahora desaparecerá.

El debate público ha existido y continuará con seguridad durante lo que queda de recorrido parlamentario al proyecto, pero en aquel se detectan tanto los diferentes acercamientos ante el fenómeno -las dudas sobre si perjudica y margina más a las prostitutas en lugar de defenderlas- como las jugadas de estrategia política.

Lo que está claro es que la modificación legislativa llega con menos escándalo mediático, menos pasión popular y desde luego mucho menos fervor callejero que otra reforma legislativa con consecuencias sociales, como fue la aprobación de la ley del matrimonio homosexual.

Aunque con ámbitos de actuación que tienen bien poco que ver, ambas iniciativas del presidente Hollande contrastan precisamente por la tan distinta repercusión que han suscitado entre los franceses al tiempo que situadas en el ámbito de las reformas sociales de su programa.

Con la aprobación definitiva de esta ley que penalizará a los clientes de la prostitución con al menos 1.500 euros de multa Hollande podrá marcar en su mapa de promesas electorales con una señal de “hecha” una de las que por el momento menos coste en apoyos parecen haber causado.

La política económica del presidente es la que le está causando menos simpatías de los franceses, que dejan la popularidad de Hollande en mínimos históricos.

La división apreciada en el ámbito político e intelectual y asociativo se detecta también entre los franceses: un sondeo TNS Sofres de octubre indicaba que el 73 % de los consultados veían que la lucha contra la prostitución pasa por hacer responsables de ella a los clientes.

Sin embargo, la misma encuesta mostraba que solo un 22 % veía adecuada la propuesta de multar a los clientes y un 31 % veía más apropiada una campaña de sensibilización para difundir la idea de que el cuerpo humano no es una “mercancía”.

A la lista de los opositores a la iniciativa de Hollande se ha subido sin embargo la líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, quien ya ha dicho que le parece “una estupidez”, que es el tipo de declaraciones que alimenta un voto a su favor que no hace más que crecer.