Analizarán apelar libertad de Ulises Quintana

La fiscala Lorena Ledesma anunció que estudiarán los argumentos del fallo de Magdalena Narváez que libera al diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete), investigado por tráfico de drogas en carácter de cómplice y vinculado con el presunto narco Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña. Posteriormente, analizarán si es viable una apelación.

Ulises Quintana fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
Ulises Quintana fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

La agente fiscal dijo que también está sorprendida por la resolución judicial, aunque también reconoció que desde los medios de comunicación se habla de la posibilidad de otorgarle a Ulises Quintana medidas alternativas a la prisión. Dijo que esperarán a ser notificados oficialmente y leer los argumentos del fallo para luego analizar una eventual apelación.

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Adelantó que extraoficialmente, a través de los medios de comunicación, se dio a conocer parte de la fundamentación de la magistrada. “Que el argumento para otorgar esta libertad sea que no se ha descrito cuáles son los actos concretos que él podría obstruir en libertad, me parece totalmente antagónico el argumento, porque desde el día uno es de público conocimiento todos los actos de obstrucción que se han dado en esta causa”, dio Lorena Ledesma en conversación con ABC Cardinal.

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El diputado Ulises Quintana estuvo en prisión preventiva por más de diez meses en la causa que enfrenta por los presuntos delitos de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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El parlamentario tenía en su poder un automóvil propiedad del presunto narco Javier Cabaña. A partir de escuchas telefónicas, la Fiscalía sospecha que Quintana intermedió para liberar dinero incautado por la Policía y que debía ser utilizado para comprar cocaína.

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La jueza penal de garantías Magdalena Narváez levantó la prisión y como medidas alternativas dispuso su comparecencia mensual ante el juzgado, la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización judicial, una fianza real de G. 450 millones y una fianza personal de su abogado por valor de G. 500 millones.

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