Los legisladores que proponen esta normativa para tratar de dar un marco legal a las plataformas digitales que prestan servicios de transporte alternativo son Tony Apuril y Patrick Kemper (Partido Hagamos). Apuril dijo esta mañana en la Cámara Alta que buscan principalmente dar seguridad a las personas que utilizan este servicio.

El proyecto de ley habla de que exista un “registro de empresas de contratación digital de transporte alternativo de personas (recdtap)” donde deberán estar plenamente identificadas las empresas, con la lista de conductores que se encargan de prestar el servicio, quienes solo podrán inscribir un vehículo.

El planteamiento sostiene, entre otras cosas, que los choferes de MUV y Uber deben contar con registro de conducir de categoría profesional y no tener antecedentes penales ni policiales. Además, exige que posean seguros de responsabilidad civil contra daños ocasionados a terceros y pasajeros.

Señala además que los municipios no deberán exigir tributos, tasas o cánones adicionales a los ya aplicados a vehículos similares; sin embargo, podrán exigir el pago de los tributos municipales ordinarios y demás requisitos como la inspección técnica vehicular (ITV).

Este proyecto se presenta en el marco del conflicto existente entre taxistas y los conductores de estas plataformas digitales, puesto que los primeros aseguran que existe una competencia desleal al no haber regulación legal de estos servicios que son relativamente nuevos en nuestro país.