Durante la revisión de las instalaciones, la fiscala Irene Álvarez dijo: “Tenemos nuevos elementos que vamos a cotejar”.
La “granja vip” de la cárcel sampedrana, en la que residían de forma irregular cuatro peligrosos reos por orden del juez de ejecución de San Pedro, Néstor Arévalos –quien actualmente está suspendido y enjuiciado–, fue desmantelada el 17 de junio pasado por el Ministerio Público. Dicha intervención desnudó una serie de irregularidades en el manejo penitenciario.
Por el momento, solo está procesado el exdirector del penal, Wilfrido Quintana, quien se encuentra prófugo.
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Sobre el amotinamiento en esta cárcel, que dejó como saldo 10 internos muertos, la carpeta fiscal fue remitida a Asunción, y queda a cargo de la fiscala Alicia Zaprisa.
El caso en principio estuvo en manos de la agente Fani Aguilera, de San Pedro de Ycuamandyyú; sin embargo, según fuentes a las que accedió nuestro diario, por temor, ella evitó formular imputación y derivó la causa.
A pesar de que Aguilera contaba con todos los elementos y nombres para la imputación, prefirió dar un paso al costado por temor y por la presión política, pues las autoridades de la cárcel en ese entonces eran operadores del Partido Colorado, lo cual ella indicó a sus superiores.