Alrededor de 20 personas llegaron hasta el domicilio del juez Isidro “Cacho” González, presidente de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, ubicado en el Km 8 lado Acaray, con el fin de escracharlo por la prórroga que concedió éste junto con sus pares camaristas Miryan Meza de López y Celsa Rojas para investigar al senador Javier Zacarías y a su esposa, la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod por supuesto enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito, según explicó uno de los impulsores de la movilización, Elvio Barúa.
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Los manifestantes, además de arrojar basura al patio del domicilio del magistrado, explosionaban petardos y gritaban “Sin vergüenza”, “corrupto”, cómplice de los Zacarías”, “Acá está un corrupto más del clan Zacarías”.
Posteriormente, a través de un comunicado, el camarista expresó su repudio a lo acontecido frente a su vivienda particular. “Expreso mi total y tajante repudio, a este acto premeditado, y deliberado que tiene como principal objetivo, inducir, torcer entorpecer, mi labor como Magistrado. (...) La horda, aplicando el más puro estilo medieval, dirigida por sectores interesados, pretende erigirse por medio del caos social, en justicieros, atropellando el ordenamiento jurídico nacional”.
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Finalmente expresó que “Me reservo el legitimo derecho de accionar bajo el estricto rigor de la ley, sobre los autores, morales, intelectuales, cómplices y encubridores, en salvaguarda de mi buen nombre y reputación de magistrado, con 20 años de servicio ininterrumpido en este Poder del Estado”.
La semana pasada la Cámara de Apelaciones de Alto Paraná otorgó seis meses más para investigar al matrimonio Zacarías-McLeod, por supuesta lesión de confianza. La semana anterior, ambos comparecieron ante el fiscal de Delitos Económicos Luis Said y se abstuvieron de prestar declaración indagatoria en esta casa.
Los implicados en un presunto daño patrimonial de G. 2.174 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, presentaron más de 25 chicanas para lograr atajar el avance de este proceso penal. El Ministerio Público encontró indicios de que el senador utilizó presupuesto de la Municipalidad para “publicidad” y sobornos solapados a medios de comunicación y concejales.