Colorados de Paraguarí hicieron “vaquita” para alquilar buses, según Cuevas

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Algunos de los colorados que llegaron esta mañana a la capital.

El diputado colorado Miguel Cuevas confirmó que solicitaron 100 colectivos para Paraguarí. Sin embargo, dijo que desconoce cuánto cuesta alquilar cada uno de ellos y aseguró que estas personas “hicieron vaquita” para llegar hasta la capital.

Esta mañana, colorados adheridos a Añetete sitiaron el centro de Asunción para demostrar su apoyo al presidente Mario Abdo Benítez, al vicepresidente Hugo Velázquez y al ministro de Hacienda, Benigno López, sobre quienes pesa un pedido de juicio político a causa de la polémica acta bilateral de Itaipú.

Al respecto, el diputado Miguel Cuevas habló de la gente que vino desde su departamento de origen. “Hemos solicitado unos 100 colectivos para Paraguarí porque la gente se quiere manifestar de manera pacífica y solo pudimos conseguir 55”, señaló.

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Cuevas negó que se trate de funcionarios públicos que hayan dejado sus puestos de trabajo para trasladarse hasta la capital nacional. “Que yo sepa no, son gente auténtica que confía en este Gobierno, justamente por eso habíamos sacado un resultado positivo en Paraguarí”, afirmó.

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No obstante, al ser consultado sobre el presupuesto que fue destinado al alquiler de estos transportes, respondió: “Después de esto voy a preguntarles a los correligionarios que hicieron una ‘vaquita’, ellos mismos se juntaron, hicieron algunas actividades inclusive y va a quedar a muy mal que yo les pregunte cuánto gastaron”, aseveró.

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La crisis política se desató luego de que saliera a la luz el acta bilateral, firmada entre Paraguay y Brasil, el pasado 24 de mayo, por la compra de potencia de Itaipú Binacional. Con dicho acuerdo, el país renunciaba al beneficio que accedió en 2007 de comprar energía más barata (excedente), puesto que con este documento Paraguay aceptaba adquirir mayor cantidad de energía más costosa (garantizada), lo cual afectaría monetariamente a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

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Tras la polémica y luego de que en principio las autoridades nacionales hayan salido a defender el acuerdo, todos los involucrados directamente con la negociación se vieron obligados a renunciar, Brasil y Paraguay pactaron dejar sin efecto la controversial acta de mayo, mientras que los principales exponentes del Ejecutivo siguen con la amenaza de ser removidos del cargo vía juicio político.