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Denuncian al PPQ por proyecto de ley que impone multas a objetores de conciencia

Este artículo tiene 7 años de antigüedad
Miguel Godoy, defensor público.
Miguel Godoy, defensor público.Susana Acuña, ABC TV

Miguel Godoy, defensor del Pueblo, hizo una denuncia pública contra el Partido Patria Querida (PPQ), que busca sancionar un proyecto de ley que obliga el pago de multas de G. 3.800.000 a los objetores de conciencia.

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Godoy convocó a una conferencia para anunciar que mañana estará presentando la denuncia formal ante la comisión que analiza el proyecto de ley planteado por Patria Querida que pretende aplicar multas a los jóvenes que opten por no hacer el servicio militar. “Quieren llevar la objeción de conciencia a la jurisdicción y competencia militar”, comentó.

El letrado señaló que los impulsores de este proyecto de ley solo buscan imponer multas sobre aquellos jóvenes más vulnerables con la única intención de recaudar más para la milicia. “Seremos el primer país del mundo donde la objeción de conciencia la decidan los militares”, señaló en reiterados momentos de la conferencia.

“Nos oponemos radicalmente y hemos planteado la impugnación dentro del fuero administrativo”, insistió. Al parecer del defensor este proyecto de ley presentado por Patria Querida es un “favor político” que pretende imponer un impuestazo a los jóvenes.

Godoy consideró que las disposiciones del proyecto de ley propuesto por los senadores Fidel Zavala, Stephan Rasmussen y Georgia Arrúa son irregulares y se anteponen a los derechos de los jóvenes que opten por no hacer el servicio militar. Cuestionó que en uno de los puntos se establezca que los militares se encargarán de la formación moral y ética de los jóvenes. “La milicia les va a enseñar ética y moral para que puedan retirar su certificado de objetor (...) o lo opción que queda es pagar más de G. 3.000.000”, enfatizó.

Lea también: Objeción de conciencia: PQ niega que busquen aplicar multas

Igualmente subrayó que esta ley podría afectar a aquellos jóvenes de escasos recursos que declaran su insolvencia, a quienes se les impondrían las altas multas. Remarcó que el proyecto de ley carece de consideraciones en el aspecto social y que lo único que pretende es establecer el régimen de las “bajas compradas”.

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