“En realidad, nosotros estamos en reunión permanente y estuvimos analizando la posibilidad de pedir el video de circuito cerrado de la reunión en que se procedió a la firma, además del acta misma de la reunión. Allí debió constar todo lo que sucedió”, expresó esta mañana a la prensa el legislador Abel González (PLRA).
Recordó que existen varias contradicciones entre los principales responsables de las negociaciones; por ende, este tipo de evidencias serían claves para aclarar lo que realmente ocurrió. “Algunos dicen que se les echó a los técnicos y eso va a ayudar a aclarar. Si se va a hacer una Comisión Bicameral de Investigación con responsabilidad, esto tiene su tiempo. A algunos se les puede llamar a declarar más de una vez inclusive”, enfatizó.
La Comisión que investiga el acta firmada el pasado 24 de mayo entre Brasil y Paraguay para la compra de potencia de energía de la Itaipú Binacional convocó al exembajador Hugo Saguier Caballero para el próximo martes, 27 de agosto, a las 10:00.
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Además, el titular de este equipo del Congreso, Eusebio Ramón Ayala, señaló que llamarán para que cuenten su versión Joselo Rodríguez, quien se presentaba como asesor legal del vicepresidente Hugo Velázquez, y a Carlos Saldívar, viceministro de Minas y Energía, puesto que -según documentos- él estaba al tanto de las negociaciones.
También llamarán a declarar a los consejeros de Itaipú que fueron parte de las reuniones, al extitular de Itaipú José Alderete y a funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), como algunos técnicos.
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La controversial acta de Itaipú fue firmada el 24 de mayo entre ambos países y derivó en la renuncia del entonces canciller Luis Castiglioni, el embajador de Paraguay en Brasil Hugo Saguier Caballero, el director de Itaipú José Alderete y el titular de la ANDE Alcides Jiménez. También la remoción de otros funcionarios de la binacional y amenazó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al vicepresidente Hugo Velázquez y al ministro de Hacienda, Benigno López, con un juicio político por mal desempeño de funciones.
El documento fue anulado el pasado 1 de agosto, tras la crisis política que se desató y el juicio político desactivado en el Congreso, el pasado 20 de agosto. No obstante, la investigación para llegar hasta el responsable de la negociación sigue tanto en el Ministerio Público como en la Comisión Bicameral del Parlamento.