El comisario Carlos Aguilera conversó con ABC TV e informó que cumplieron una orden judicial en conjunto con el Ministerio Público. El terreno en cuestión tiene siete hectáreas, de las cuales fueron ocupadas dos. En éstas se construyeron precarias viviendas de madera y, en algunos casos, de ladrillo.
El policía sostuvo que ayer se les avisó a los ocupantes para que desalojen el sitio y muchos de ellos lo hicieron. Sin embargo, quedaron algunos que fueron sacados esta mañana. Hubo muchos agentes que intervinieron y el comisario explicó que eso se dio porque el sitio está rodeado por asentamientos y que es una forma de prevenir cualquier inconveniente posible.
Algunos de los pobladores fueron entrevistados sobre su situación: una mujer identificada como doña Nena dijo que pagó por estar en el sitio porque tenía el sueño de una casa propia y que vive allí desde hace dos años.
De acuerdo a su testimonio, no hubo notificación alguna de desalojo y que, si la hubo, ella no la recibió. Recordó que antes dormía en la calle y luego encontró la posibilidad de poder vivir allí. Según las autoridades, el terreno de siete hectáreas pertenece a una familia de apellido Bobadilla.
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María y José, una pareja que fue desalojada, dijeron que no tienen a dónde ir y que para ocupar el sitio pagaron G. 1.500.000. “No tenemos dónde ir, si teníamos casa no íbamos luego a estar acá. Juntamos latitas, plástico, nos dedicamos al reciclaje. El 23 de diciembre entramos acá”, recordó José. “Se paga por entrar. Para entrar fue G. 1.500.000. Mi familia me ayudó para pagar. Si tenía plata no íbamos a estar acá”, añadió el hombre.
“No tenemos dónde ir ni para caernos muertos”, lamentó por su parte la mujer.