Federico Franco negó presunta lesión de confianza de Buzarquis

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Federico Franco, expresidente de la República, declaró en el juicio a Salyn Buzarquis.
Federico Franco, expresidente de la República, declaró en el juicio a Salyn Buzarquis.Perla Silguero

Este martes declaró el expresidente de la República Federico Franco en el marco del juicio que enfrenta el exministro del MOPC durante su gobierno, Enrique Salyn Buzarquis, quien fue denunciado por lesión de confianza.

Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), quien fue titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el gobierno de Federico Franco, enfrenta un juicio oral y público, pues fue denunciado por su sucesor en el cargo, Ramón Jiménez Gaona, quien lo responsabilizó de haber firmado un convenio con la empresa italiana ANAS, comprometiendo dinero del erario público y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), llegando a un total de US$ 600.000. Jiménez Gaona afirmó en su denuncia que Buzarquis no contaba con el respaldo legal para asumir tal compromiso.

El expresidente de la República Federico Franco se presentó este martes a declarar en los tribunales en el marco del juicio oral y público que enfrenta. En su declaración, el exmandatario argumentó que él mismo otorgó el permiso a Salyn Buzarquis, decreto presidencial de por medio, para viajar a Italia a firmar un convenio de cooperación para el estudio de prefactibilidad de mejoramiento de suelo en las rutas 4 y 9, respectivamente, así como para un laboratorio de suelo.

No obstante, añadió que este convenio finalmente no se ejecutó, pues el cambio de gobierno y la asunción de Horacio Cartes los dejó sin tiempo. Según Franco, no hubo erogación de dinero, por lo tanto, no hay perjuicio al Estado, afirmó el exmandatario.

Franco mencionó que esto más bien es una cuestión política, teniendo en cuenta que la denuncia la realizó el exministro del MOPC Ramón Giménez Gaona durante la era Cartes.

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Detalló que muchos factores influyeron para que no les diera tiempo de ejecutar dicho convenio, entre ellos la llegada de las vacaciones y la orden que dio Horacio Cartes de “parar el país” el día de su elección, a mediados de abril de 2013.

Dijo que “no recuerda absolutamente” si se llegó a hablar o no del tema del pago que tendría de por medio este convenio.

Argumentó, asimismo, que no le consultó en su momento a Buzarquis porque “cada ministro tiene autonomía como para, de acuerdo a su presupuesto, llevar adelante las gestiones”.

“El convenio se firmó en setiembre, pudo haber terminado esto en noviembre o diciembre; en enero y febrero vinieron las vacaciones y prácticamente nos quedó un mes o un mes y medio de gobierno”, recalcó Franco.

Se defendió también alegando que esto más bien es “una cuestión política”, con intenciones de perjudicar, y se basó en el hecho de que la denuncia vino del propio Jiménez Gaona.

Este juicio oral y público está fijado hasta el 13 de setiembre. Este martes declaran los testigos de la defensa; posteriormente, ingresan a la etapa de testificales y luego ya se darán los alegatos.

Podría ocurrir que el viernes se tenga una sentencia, dependiendo de la disponibilidad de los jueces que tienen otros juicios en medio.

Según se detallaba en el convenio, la firma italiana debía, entre otras cosas, enviar a nuestro país un laboratorio móvil y técnicos que capaciten en su uso a técnicos paraguayos del MOPC.

Además, el laboratorio sería cedido a la cartera de Obras Públicas. Para este cometido, el MOPC debía entregar US$ 500.000.

En el acuerdo estaba previsto también un estudio para integrar a los ya hechos sobre la obra de contención costera realizados por la EBY. Este trabajo debía ser financiado por la binacional con unos US$ 100.000.

El exministro Ramón Jiménez Gaona denunció que descubrió todo cuando los representantes locales de la empresa italiana se presentaron en el MOPC para cobrar por los trabajos técnicos y él no halló documentos con los cuales probar que adeudaban ese dinero.

A raíz de esto, pidió una investigación interna, la cual reveló la existencia de supuesta lesión de confianza y usurpación de funciones públicas.

En la investigación se verificó que, en ese entonces, en el MOPC no se tuvo previsto el presupuesto para este convenio. Además, en el decreto que autoriza el viaje del ministro a Roma no se menciona que va para suscribir un convenio. Tampoco hay registros de una autorización de Contrataciones Públicas para hacer contratos por la vía de la excepción. La EBY, por su parte, negó que haya autorizado contribuir a este proyecto.