El oficial de justicia Édgar Ramírez Núñez acercó el mandamiento judicial expedido por la jueza María Ignacia Franco, por el cual se ordena la desocupación inmediata de la finca 191 consistente en 1.198 hectáreas de tierra.

El predio tendría una superposición de títulos. El primer dueño sería un ciudadano argentino de nombre Jorge Barud, quien posee un título del año 1902, mientras que el empresario José López cuenta con un documento del año 2001.

Tras el hecho, el abogado de Jorge Barud, Rubén Soto, indicó que liberarán las 1.198 hectáreas para ocupar las restantes, situación que fue rechazada por los accionistas del desalojo. Después de varias amenazas de apresar a todos los que se opongan al procedimiento, los supuestos invasores abandonaron el predio.

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El abogado Rubén Soto aseguró que existe una superposición de títulos y que afecta sólo una parte de la propiedad; sin embargo, la empresa que promovió el desalojo, Agrícola Entre Ríos SA, del empresario José López, reclama la totalidad de la finca.

Soto dijo que accionarán judicialmente contra la Policía Nacional y la empresa Agrícola Entre Ríos SA.

Supuesto pago de US$ 300 mil a la Policía

Los familiares de Jorge Barud hablan de que la Policía habría recibido la suma de unos US$ 300 mil para realizar el gran despliegue policial. El abogado Rubén Soto dijo que todo habría sido pagado, en vistas a la rapidez con que se gestó el gran operativo. Sobre el caso, el jefe departamental de seguridad ciudadana, Óscar Pedrozo, negó las acusaciones y dijo desconocer las afirmaciones de los familiares.