El pedido de suspensión de la medida de fuerza fue planteada por el ministro de Justicia Éber Ovelar, quien alegó lo establecido en la Constitución Nacional y la Ley de la Función Pública, en las que se garantiza el derecho a huelga siempre que no se afecten los “servicios públicos imprescindibles”.
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La comunicación de esta medida se dio en una reunión tripartita realizada esta mañana, donde algunos de los gremios dijeron estar conformes con dos de los tres puntos de solución planteados por el Gobierno. Uno de los principales, como es la asignación de más presupuesto para el aumento de salarios, bonificaciones y otros beneficios para los agentes penitenciarios es lo que aún no convence a los representantes de los trabajadores.
La amenaza de huelga se da en medio de la declarada “Emergencia Penitenciaria”, que dotó de mayores recursos y flexibilidades en las contrataciones al Gobierno para la construcción de más penitenciarías a nivel país, esto en paralelo a graves hechos de violencia en las cárceles del país, tales como intentos de fuga con toma de rehenes, masacres con decapitaciones y otras atrocidades cometidas por facciones criminales organizadas, como el Primer Comando Capital.
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“Hemos abierto una mesa de diálogo con los distintos sindicatos. Nosotros no estamos tomando ningún compromiso que no tenga el aval del Ministerio de Hacienda porque reformulamos nuestro presupuesto para poder dar una respuesta a los agentes penitenciarios”, indicó Ovelar sobre los alcances y limitaciones de la propuesta acercada.
Según indicó Pedro Riquelme, en representación del sindicato del interior, sí les convencieron los otros dos puntos planteados, que son la propuesta de ley orgánica penitenciaria a ser planteada ante el Congreso y el compromiso de contratar a más agentes penitenciarios, y que al menos ellos se muestran abiertos a seguir dialogando sobre el tercer punto.