De acuerdo a lo señalado por Maciel, esta movida ciudadana apunta a evidenciar el malestar que tiene un sector de la comunidad con lo que calificó como falta de transparencia y serios indicios de corrupción en la administración municipal.

En tres ocasiones, la Junta Municipal pidió la intervención de la CGR sin resultado, y nosotros como comunidad pedimos la intervención del Ministerio Público, porque la Junta Municipal jamás va a pedir (en esa instancia), debido a que el intendente tiene a 7 de los 12 concejales a su favor en forma incondicional, sostuvo.

El vocero del grupo ciudadano habló de algunos indicios que apuntan a irregularidades, como por ejemplo el hecho de que una empresa constructora identificada como “Ñumi”, contratada por la Municipalidad para ejecutar trabajos de reparación de caminos por la suma de G. 160 millones, tiene como dirección comercial la misma de la casa de un hermano del intendente, Sixto Chávez, quien es además docente y figura como asesor en la Municipalidad. Nosotros nos tomamos el trabajo de buscar la dirección de esa empresa, y no existe, es la casa del hermano del intendente, acotó.

En la misma fecha que se realizaron esos trabajos se utilizaron máquinas de la Municipalidad y se compró combustible, lo que lleva a concluir que la empresa ésta realizó la tarea con máquinas y combustible de la Municipalidad, pero se facturó a nombre de Ñumí, señaló.

Tenemos también información que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas anuló varias licitaciones del intendente porque el proceso era irregular, pero aún así y todo se hicieron las obras, acotó. Por estas razones pedidos a la CGR que haga una auditoría técnica y financiera a la administración del intendente Chávez desde el año 2016 hasta la fecha, señaló.

El conflicto en la Municipalidad de Mayor Otaño ya lleva tres semanas, y en este transcurso hubo al menos dos hechos de violencia, uno de ellos cuando un grupo de leales al intendente intentó desalojar a los manifestantes de frente a la Municipalidad, el jueves de la semana pasada, y dio pie a una batalla campal, y un segundo caso cuando atacaron con piedras, huevos y papel higiénico una radioemisora, “Estación 101”, propiedad de la concejal liberal Lourdes López, una de las principales opositoras a Chávez.

El intendente municipal, por su parte, sostiene que en su administración no existe ninguna irregularidad, y que los jóvenes que se manifiestan son manipulados y utilizados por los concejales liberales Lourdes López y Miguel Almada, quienes están en campaña política para el 2020.