En la audiencia preliminar se pondrán a consideración los documentos recolectados por el Ministerio Público, la querella y la defensa del comunicador concepcionero. Chilavert es acusado de abuso sexual de menor.
Al finalizar la audiencia preliminar, la jueza Liz Maribel Romero deberá tomar la decisión de realizar el juicio oral o bien de ordenar el sobreseimiento de Chilavert; el inicio de la audiencia está prevista para las 8.30.
Con anterioridad, a las 7:30, el mismo juzgado estudiará la apelación presentada por Chilavert quién insiste en el pedido de libertad ambulatoria y el levantamiento de la orden de prisión que pesa en su contra, medida que está cumpliendo en la penitenciaría de Emboscada.
La querella fue presentada por el señor Tomás Núñez quién se presentó con posterioridad a la Fiscalía General del Estado para denunciar que “la acusación contra el periodista Edgar Chilavert es falsa. Chilavert es inocente”.
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Tomás Núñez brindó detalles de los pagos realizados por el intendente municipal Alejandro “Tati” Urbieta para sostener la denuncia contra el comunicador de radio Aquidabán FM. “El intendente es el que paga al abogado Emilio Camacho para impulsar la querella” sostiene.
Tanto la querella como la fiscala Carina Sánchez solicitan 15 años de prisión para Chilavert.
De acuerdo al resultado de las pericias, el comunicador es inocente. El Laboratorio Forense del Ministerio Público no encontró pruebas que puedan incriminarlo en el delito de supuesto abuso sexual.
Por otro lado, la pericia forense localizó imágenes en computadoras o celulares en torno a pornografía infantil y menos aún que involucren a la supuesta víctima.
Según el Abg. Daniel Alarcón “Chilavert es un preso político. No existe una sola pericia que indique culpabilidad sin embargo está en prisión”.
Agregó que “Chilavert está preso porque el clan Urbieta ordenó su condena. El sistema político corrupto que impera en Concepción es el que impone este juicio al periodista”.
Edgar Américo Chilavert inició una investigación en torno a la venta del puerto de Concepción. El predio de 6 hectáreas fue donado por el Ministerio de Defensa Nacional al municipio norteño. El resultado final fue la venta del inmueble para la instalación de un puerto privado.
Ante las continuas denuncias periodísticas se montaron pruebas en procura de incriminarlo en el supuesto delito de abuso sexual.
Mañana, la jueza Liz Maribel Romero tendrá la responsabilidad de decidir la libertad o no del comunicador.