El juez en lo civil y comercial César Godoy resolvió hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título hipotecario opuesta por la hija del socio, Silvia Rosana Morínigo de López. “…resulta inaplicable pretender ejecutar un estado de cuenta confeccionado por la propia entidad acreedora cuándo la misma ha sido cancelada por la empresa aseguradora que acreditó haber abonado íntegramente el saldo del préstamo hipotecario otorgado al socio fallecido Armando Arsenio Morínigo Merlo", refiere parte del escrito judicial.
En dicho sentido también desestima la ejecución hipotecaria promovida por la cooperativa contra los señores Luciana Guerrero Morínigo, Armando Arsenio Morínigo Merlo, Selva Rosana Morínigo de López y Héctor Benjamín López Ruiz Díaz. Asimismo impone costas a la parte perdidosa.
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Según la investigación, tras fallecer el socio Armindo Morínigo dejó una deuda de G. 182 millones, saldado por la aseguradora Asepasa. Sin embargo, igual quisieron cobrar a los familiares del difunto, a través de la firma de nuevos pagarés, para lo cual primero intimidaban vía mensajes de texto a la hija del mismo.
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La intención del doble cobro fue denunciada al Ministerio Público y el fiscal de la causa de estafa y extorsión, Gerardo Mosqueira ya acusó y había pedido que se eleve la causa a juicio oral pero no se pudo por que los enjuiciados presentaron un recurso para frenar la investigación, señalando que estaba en curso un juicio de ejecución de hipoteca. Ante esto el juez penal de garantía Gustavo Bóveda no tuvo remedio que esperar se finiquite el juicio en lo civil que actualmente culminó y ya podrá fijar día y hora para la apertura del juicio oral.
Los acusados son: Alberto Martínez, presidente de la Cooperativa Reducto; Claudia Barreto, gerente general y financiero; Remigio Alonso, tesorero; Zully Miño, secretaría de consejo de administración. Paralelamente existe otra investigación en Delitos Económicos contra el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Félix Jiménez, y el miembro del consejo Pedro Loblein, por cohecho pasivo agravado y producción de documentos no auténticos, ya que Incoop concedió una visación del estado de cuenta del socio fallecido presuntamente fraguado.