A través de una resolución emitida en plenaria de la Corte Suprema de Justicia el 24 de diciembre del año 2019, se resolvió que todos los juicios que corrían riesgo de extinguirse en el primer semestre del año 2020 sean llevados a cabo en enero de 2020, independientemente a la feria judicial.
Es debido a esto que el martes 7 de enero se inicia en nuestro país el juicio más grande por tráfico de armas, que tuvo como raíz un allanamiento realizado el 9 de marzo de 2016, cuando agentes de la Senad y de la Unidad de Investigación Sensible de la Policía Nacional, encontraron un poderoso arsenal de armas de guerra en una vivienda de Villa Aurelia, que funcionaba como “supermercado de material bélico”.
En el juicio deben ser juzgados Carlos León Ocampos, dueño de la empresa Comtecpar, quien afrontará juicio oral y público por tráfico de armas y asociación criminal. Además son acusados Víctor Ferreira, Alfredo Ramón Sánchez Moreno y Eduardo Ramírez Cantero.
Temen nuevas chicanas
Pese a que la principal razón por la que se da inicio al juicio oral es el riesgo de extinción de la causa, aún así los fiscales a cargo del caso Lorena Ledesma, Carlos Alcaraz, entre otros, temen que mañana una vez más se presenten incidentes que traben el juicio, ya que el proceso se ha caracterizado por una infinita cantidad de chicanas y recusaciones.
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La fiscal Lorena Ledesma, principal encargada de la causa, contó a ABC Digital que llegó a ser recusada seis veces por el caso, así como también el tribunal. Debido a la serie de recusaciones, participan en el proceso los fiscales Carlos Alcaraz, Silvana Otazú, Hernán Galeano y Elva Cáceres.
Otro punto llamativo del proceso es que Carlos León, el principal acusado por tráfico de armas, es cuñado del ministro de la Corte Alberto Martínez Simón. En contacto telefónico con ABC Digital, el magistrado no negó la existencia del parentezco, pero aclaró que hace aproximadamente cinco años que no tiene ningún tipo de contacto con León, debido a una diferencia personal de la cual no dio más detalles.
Votó a favor de juicios en enero
Argumentó también, que en la plenaria del 24 de diciembre pasado, él votó a favor de que se lleven a cabo este y todos los juicios que corrían riesgo de extinción. Con esto, según Martínez Simón, se demuestra que no tiene interés alguno en interferir en la causa, pues si así fuera no hubiera votado para que el juicio se lleve adelante.
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En noviembre del año 2019, los integrantes del Tribunal de Sentencia que juzgará un caso de tráfico internacional de armas de guerra fueron recusados por uno de los acusados. De esta manera, se posterga el inicio del juicio oral, previsto para hoy. La causa se extinguiría en mayo del próximo año.
La defensa de Eduardo Ramírez Cantero fue la que recusó a las juezas del tribunal Alba González, Gloria Hermosa y Mesalina Fernández, alegando que “lamentablemente vinieron a sucederse circunstancias fácticas fehacientes de las cuales surge el temor sobradamente fundado de parcialidad”.
El 30 de mayo de 2019, se inició el juicio oral por el Tribunal de Sentencia que estaba presidido por el juez Wilfrido Peralta e integrado por Fabián Escobar y Sandra Farías. El juicio se realizó en forma muy pausada e incluso se pasaron los 10 días que la ley establece para el reinicio del mismo, lo que obligó a hacer una nueva audiencia.
Intentos de iniciar juicio
Luego, el 14 de agosto pasado, el nuevo tribunal, presidido por la jueza Alba González, intentó iniciar el juicio a los cuatro acusados, pero la defensa del acusado León Ocampos planteó incidentes y trabó la diligencia. El expediente subió a la Cámara de Apelación que rechazó la pretensión del procesado.
Posteriormente, el 16 de octubre pasado, el Tribunal de Sentencia fijó la fecha de inicio del juicio para el 13 de noviembre. A partir de allí, las defensas comenzaron nuevamente con incidentes para trabar.
En Paraguay, así como en la región, no hay fallo con respecto al tráfico de armas.
La acusación presentada por los fiscales Carlos Alcaraz, Lorena Ledesma y Hernán Galeano es por producción de riesgos comunes (hasta cinco años de cárcel); ingreso por aduana no autorizada (cinco años); fabricación ilícita (hasta diez años), tráfico ilícito (hasta diez años), hechos punibles conexos (diez años) y acopio ilícito (diez años). Los hechos están previstos y penados en la Ley N° 4036/ “De Armas de Fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”.