Para la Codehupy, esta actitud responde a la “impunidad y la falta de integralidad” de las medidas para reparar a las víctimas de la dictadura, la más larga de la región.

Además, también condenaron que la ausencia de memoria histórica y de políticas educativas que recuerden los acontecimientos recientes del país ponen a los paraguayos en “zona de riesgo permanente ante las tentaciones de un retorno autoritario”.

Codehupy criticó también la devaluación de la gestión pública que, a su juicio, desoye las demandas de una sociedad que pide más participación social, igualdad, mejores servicios sanitarios y educativos, y no discriminación.

A 31 años de la caída del dictador paraguayo, la coordinadora de DD.HH. recordó “la concentración de tierras” en manos de unos pocos, que lejos de mejorarse en los últimos tiempos, ha perpetuado la desigualdad, la destrucción del patrimonio forestal y la contaminación provocada por el uso de agrotóxicos, según el comunicado.

Desde la Codehupy invitaron a poner “la discriminación estructural que padecen los pueblos indígenas” en el centro del debate político que, a su parecer, queda monopolizado por “temas superfluos”.

Tras la caída de la dictadura en 1989, Stroessner se exilió a Brasil, donde falleció en 2006 y donde fue enterrado.

La dictadura de Stroessner, la más larga de Suramérica, dejó 425 desaparecidos o ejecutados, detuvo a casi 20.000 personas que en su mayoría padecieron torturas, y forzó el exilio de 20.814 paraguayos, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

Paraguay solo ha recuperado 37 cuerpos de los desaparecidos en ese periodo, de los que la Dirección de Memoria Histórica y Reparación solo ha conseguido identificar a cuatro.