El arranque del juicio oral fue nuevamente pospuesto porque la defensa de Soares, encabezada por el abogado Álvaro Arias, apeló debido a que está pendiente de resolución una casación planteada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, informó Carlos Ortega, periodista de ABC Cardinal.
Soares viene dilatando su caso desde hace casi diez años. Las sobrecompras habían sido hechas desde Emergencia Nacional en diciembre de 2009 y el exministro —hoy comunicador— fue imputado por la fiscala Victoria Acuña en 2010.
Según la acusación fiscal, en su carácter de ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (durante el gobierno de Fernando Lugo), con la ayuda de Alfredo Guachiré, adquirió entre los días 21 y 24 de diciembre de 2009 por compra directa: arroz, harina de trigo, azúcar, yerba mate, fideo, poroto rojo, aceite comestible, sal yodada, panificados y maní, de las empresas Camica SRL, Beltrom SA, María Gloria SRL, San Benito, M & F SA y Marina del Sol SRL.
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La adquisición se hizo por precios muy superiores al valor de los mismos productos que compró la SEN, en modalidad de compra directa, en fecha 17 de diciembre de 2009 de las firmas Distrimerc y San Cayetano. Solo hay 4 días de diferencia entre una compra y otra, dice el escrito.
La Secretaría de Emergencia, a consecuencia de las adquisiciones hechas, entre el 21 y el 24 de diciembre de 2009, sufrió detrimento negativo en su patrimonio de G. 943.666.500.
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“Hay evidencia de que Camilo Soares ordenó –cuatro días después– la compra de los mismos productos a un precio mayor, los cuales fueron adquiridos de dos de las empresas que habían sido dejadas de lado en la compra directa del 17 de diciembre de 2009, por ofertar más alto, como son las firmas María Gloria SRL y M&F SA”, refiere la Fiscalía.
El otro hecho atribuido a Soares y a Alfredo Guachiré —otro procesado— es la adquisición de panificados (coquitos y palitos) a precios superiores a compras realizadas el 25 de mayo de 2009 y el 16 de diciembre de 2009. La lesión al patrimonio de la Secretaría fue de G. 281.309.600. Así, el perjuicio al Estado habría sido de G. 943.666.500 más G. 281.309.600, es decir G. 1.224.976.100.
