Coscia conversó este lunes con radio ABC Cardinal sobre el posible recorte de beneficios extras que pretende ejecutar el Poder Ejecutivo a los funcionarios públicos. El procurador dijo que lo harán respetando todos los contratos colectivos. El ahorro anual del Estado, de aplicarse la medida, será de 75 millones de dólares.
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“Respecto a lo que está ocurriendo, estamos designando a especialistas en materia laboral porque queremos ver si existe algo (irregular), pero en principio los contratos colectivos de trabajo, por ejemplo, tienen que ser cumplidos (...) Lo que sí hay que ver es si existe alguna ilegalidad en algunos”, sostuvo Coscia.
El procurador anunció que se revisarán todos los acuerdos “uno por uno”. Se escucharán "todas las campanas, y entiendo que hay un tipo de malestar por parte de la ciudadanía, pero el Estado no puede incumplir contratos firmados”, añadió.
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Según Coscia, Abdo pidió que si se encuentra alguna irregularidad, se actúe “en consecuencia”. “Hoy lo que hay que hacer es revisar si existe alguna ilegalidad; antes no podríamos hacer nada”, indicó.
El procurador se comprometió a hacer un “análisis integral” de los contratos colectivos por si existan conceptos que se “inventan” con base en una idea del contrato colectivo. “La ciudadanía es la que finalmente paga esos beneficios (...) Quiero tener todo a la vista (para tomar una decisión)”, concluyó el funcionario.
El Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP) –del que forma parte la Procuraduría General de la República– insistió en que las autoridades de las empresas públicas deben profundizar el análisis de las condiciones establecidas para la concesión de los beneficios, considerando la racionalidad y la razonabilidad de esos pagos.
Entre tanto, funcionarios de la ANDE se manifestaron hoy frente a la sede del Ministerio de Hacienda en contra de los recortes que se plantean. Para hacerlo, dejaron de atender a la ciudadanía en el local central, sobre la avenida España.
