“Para mí, particularmente, es una actitud miserable la utilización de menores y exponerlos a ellos porque, en primera línea, y lo digo con mucho pesar siendo presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, hemos sufrido también ante movilizaciones de ese tipo, donde, en primera línea, como carne de cañón, les tenés a los niños y en segunda línea les tenés a las mujeres y en tercera línea les tenés a los hombres”, dijo Édgar Olmedo Silva en una entrevista concedida a ABC Cardinal.
Recalcó que, a su criterio, este tipo de conducta se encuadra en delitos como violación del deber del cuidado, coacción, perturbación de la paz pública y otros. El caso también se suma a la denuncia en las redes sociales que hizo el viernes la Municipalidad de Asunción, a través de la cuenta de Servicios Urbanos del Twitter, sobre indigentes adictos que son pagados para romper bolsas de basura y desparramar los residuos en las calles:
“Evidentemente, hay que entender que la punibilidad de cualquier ciudadano paraguayo, indígena o no indígena, es igual. Acá no hay privilegio por el hecho de que uno sea indígena y se tenga que afectar los derechos de terceros”, dijo el exintendente de Coronel Oviedo y actual titular del Indi.
No obstante, reconoció que no presentó denuncia formal ante la Fiscalía o la Policía, pero dijo que es responsabilidad de estos órganos actuar de oficio. “Yo no puedo (denunciar), porque yo formo parte de una institución que debe resguardar los derechos, pero tampoco debo apañar la impunidad”.
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“Es una cuestión que recae en el ámbito exclusivo del orden público, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de poder, ante la constatación de la comisión de este tipo de hechos, proceder a una apertura de una causa penal”, enfatizó.
También recordó que la oficina del Indi, ubicada en el barrio Sajonia, se mudó en noviembre de 2018 de forma provisoria a una sede militar debido a que los accesos al edificio estaban bloqueados por manifestantes indígenas. “Ningún líder, ninguna persona fue procesada por este hecho, y esto constituye coacción”, dijo Olmedo.
Las manifestaciones se trasladaron hasta la nueva sede, frente a la cancha del Club Libertad, sobre la Avda. Artigas. Finalmente, en octubre último, presionada por más de un año, renunció Ana María Allen Dávalos como presidenta del Indi y asumió en su reemplazo Édgar Olmedo, pero las oficinas no volvieron al edificio original.
“Acá la cuestión es que hay que analizar si son impunes o no los indígenas. Y bueno, en ninguna parte de nuestra legislación (...) Pero si un indígena que viene y le mete un cuchillazo a alguien, por el hecho de ser indígena no puede dejar de ser punible”, indicó Olmedo.
