En este municipio, desde el mes de diciembre del 2019, no cesa el cruce de manifestaciones. Un grupo pide el cierre y castigo ejemplar para las industrias que contaminan el cauce del arroyo Caañabé, principal afluente del Lago Ypoá. Asimismo, otro grupo de trabajadores de la empresa, reclama el cese de la persecución contra la industria procesadora de cuero vacuno, que da fuente de trabajo a unas 120 familias y piden se busque a los verdaderos responsables que contaminan el arroyo en cuestión.
Esta situación de confrontación entre ciudadanos se registró desde el momento que el Ing. Juan Valentín García Miró, hijo de la concejala Margarita, presentó una denuncia ante la Unidad Penal Ambiental de la Fiscalía General de la República con el objetivo de identificar a los que contaminan el cauce del arroyo principal, afluente de los humedales del Lago Ypoá.
Como consecuencia de dicha denuncia, los fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se constituyeron en el local de la curtiduría Durli Leathers S.A, ubicada en Paraguarí, a la altura del kilómetro 79 de la ruta PY01, “Mariscal Francisco Solano López”.
La fiscala del Ambiente Lisa Martínez imputó a uno de los directivos de la empresa Paulo Antonio Fell y solicitó imposición de medidas contra el mismo. Sin embargo, la defensa del imputado, representada por el abogado Alvaro Arias, recusó a la fiscal, solicitó nulidad de la imputación y presentó oposición por incompatibilidad de jurisdicción.
Patricia Ortiz, responsable de Recursos Humanos, dijo que los trabajadores fueron a realizar una manifestación pacífica con pancartas y que la explosión de petardos fue en la calle y no contra la vivienda ni la humanidad de nadie.
“Los trabajadores son los que se manifestaron porque existe esa persecución y tienen la intención de cerrar la empresa, lo que dejará a más de 120 familias sin empleo, eso fue lo que fuimos a reclamar al hijo de la concejala”, señaló la representante de los trabajadores.