“Nuestro imperativo ético y moral es expedirnos sobre su situación”, manifestó la diputada González sobre las causas abiertas contra Miguel Cuevas y Ulises Quintana. La parlamentaria añadió que hechos como esos, de corrupción pública, “debilitan a la democracia y hacen que la institución se quiebre y no haya confianza”.
Señaló que la solución es la expulsión de todos los corruptos y existen varios caminos constitucionales y legales para lograr esa salida. En el caso de Cuevas, mencionó el artículo 201 de la Carta Magna y el uso indebido de influencias en el cargo, la apertura de una auditoría a su gestión como presidente de la Cámara de Diputados y hasta la revisión de nombramientos “dislocados”durante su mandato.
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“Hay muchas cosas que se pueden debatir en torno a la conducta del diputado Cuevas”, agregó y recordó que incluso ahora que está preso se registrarán muchas ausencias y esa es otra causal prevista por el Reglamento Interno.
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No obstante, recordó que el inconveniente es que la multibancada es minoría y existe una gran cantidad de pago de favores entre miembros del Partido Colorado y algunos del Partido Liberal
Recordó que el Congreso hasta la fecha no se ha pronunciado concretamente sobre los legisladores corruptos, pero sí existen precedentes como los casos de Ulises Quintana, quien obtuvo el conocido “permiso para ir preso”, y José María Ibáñez, que logró el rechazo de su pérdida de investidura, aunque terminó renunciando por la presión popular.
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En ese sentido, consultó: "¿Podemos otorgar permiso para ir a la cárcel? ¿Por qué? No es un caso aislado. Son varios legisladores que están en las mismas condiciones y no podemos seguir eludiendo el debate” en diálogo con ABC Color.
Finalmente, explicó que cuando Pedro Alliana, titular de la Cámara, reciba la comunicación de la prisión preventiva de Cuevas, este documento debe ser derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que debe analizar la situación y lanzar una recomendación al plenario. No obstante, su temor es que el presidente del Congreso utilice el precedente de Quintana y simplemente convoque al reemplazante. El Congreso “debe expedirse” sobre parlamentarios procesados.
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Cuevas fue imputado en julio de 2019 por un presunto daño patrimonial de G. 1.700 millones cometido durante su gestión como gobernador de Paraguarí, entre los años 2013 y 2018. El colorado cartista se encuentra con prisión preventiva en la Agrupación Especializada desde la semana pasada.