El tribunal presidido por la jueza Gloria Hermosa e integrado igualmente por sus colegas Rosana Maldonado y Mesalina Fernández halló culpable a tres de los cuatro acusados por delitos vinculados al tráfico internacional de armas, ya que en juicio se probaron elementos suficientes que indican que Carlos Federico León Ocampo, Víctor Hugo Ferreira y Eduardo Alberto Ramírez, alias Matungo, integraban una red que proveía ilegalmente de armas a grupos criminales de Pedro Juan Caballero y en Brasil. Los mismos deberán guardar reclusión inmediatamente.
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León Ocampo fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, tal como solicitó la Fiscalía, ya que se comprobaron delitos como tráfico, ingreso no autorizado, comercialización, acopio de armas de fuego en lugares no autorizados y posesión de armas de uso privativo del Estado, ya que en el arsenal había tanto armas de guerra reservadas para uso del gobierno e incluso explosivos.
Ramírez, alias “Matungo” también fue condenado a 7 años de prisión, ya que se comprobó que mediante una de sus empresas se posibilitó el tráfico de las armas y su comercialización en Pedro Juan Caballero y se permitió el ingreso de manera ilegal a través de aduanas. Según detalló la fiscala Lorena Ledesma, 16 de las armas en poder de Matungo eran ilegales.
Por su parte, Víctor Hugo Ferreira, supuesto secretario de León, otro de los acusados fue condenado a 6 años de prisión.
“Esto fue realmente un juicio mal llevado desde el comienzo, nosotros hemos hecho valer nuestros recursos, las recusaciones no son chicanas, es un recurso constitucional. Este Tribunal siempre fue parcialista, tuvimos en contra una Fiscalía que tampoco fue coherente y esto es el resultado de lo que hemos planteado, desde un inicio dijimos que nos iban a condenar”, indicó León.
El principal condenado se refirió a las excesivas “chicanas” planteadas durante el proceso que casi lograron que la causa se extinguiera sin condena, tanto así que el juicio oral y público tuvo que iniciar durante la feria judicial. Tanto León como Ramírez anunciaron la apelación de la condena.
León Ocampo incluso dijo que esta es una “persecución política” de parte de algunos ministros de Corte, aunque no dio nombres. “Teníamos un Tribunal anterior que si era mucho más justo, y por presiones políticas hay que entender eso, ese Tribunal se tuvo que excusar. Viene -si te puedo decir- de parte de algunos ministros (de Corte)”, afirmó.
También cuestionó la participación de organismos antidrogas, que justamente fueron los que lo vincularon con grupos criminales a los que presuntamente les vendían las armas. "Realmente el Tribunal en vez de tratar de llegar y discernir quién es el responsable de esto, nunca tuvo ninguna información sobre eso, se basó en unos informes tergiversado que se habían dado por parte de SIU-Senad y la Senad, que realmente son organismos que se dedican a combatir el tráfico de drogas y no tuvo nada que ver con armas.
La Unidad de Investigación Sensible (SIU) es un organismo especial de inteligencia con respaldo del gobierno de los Estados Unidos que maneja información sensible los grupos criminales que operan en la frontera, en este caso principalmente en Pedro Juan Caballero.
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Se sospecha que el grupo de León fue el que proveyó una de las armas utilizada en un atentado fallido contra el presunto narcotraficante Jorge Rafaat Toumani, que logró salvarse primeramente pero tiempo después fue abatido en una emboscada de líderes contrarios en Pedro Juan Caballero.