El secretario de Estado salió al paso de las críticas de empresas de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y gremios afines, que hacían referencia a una deuda de más de US$ 100 millones, mientras que Hacienda liberó el pago de menos de la mitad de dicha cifra.
Al respecto, Benigno López aseguró que la cartera efectuó todos los desembolsos y que si hay retrasos, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) se debe encargar de reprogramaciones o ajustes a su presupuesto.
El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Óscar Llamosas, ya había adelantado la semana pasada que en la medida que se hagan los ajustes presupuestarios necesarios para obligar esos compromisos, Hacienda va asignando el plan de caja solicitado y aseguró que no existe ningún tipo de freno a los pagos por parte de la cartera. “Este caso en particular es una cuestión más presupuestaria que financiera”, había explicado el viceministro, que se desempeñó la semana pasada como ministro sustituto ante la ausencia del ministro Benigno López.
Hoy, el viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, señaló que esta semana estarán desembolsando parte de las deudas pendientes con las diferentes constructoras, que ya llegan a los US$ 130 millones y son por certificados de obras desde noviembre del año pasado.
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En este sentido, Velázquez culpó a las diferentes empresas por los atrasos y señaló que varias de ellas no reunieron las condiciones para los desembolsos, debido a que no presentaron las pólizas o cambiaron los lugares de depósitos.
Suspenderán fiscalizaciones
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) suspenderá varias licitaciones que estaban previstas para este año, con lo cual la cartera se ahorrará G. 775.000 millones (USD 121 millones al cambio actual), según informó en otro orden Velázquez.
El funcionario resaltó que esto afectará principalmente a los llamados para la fiscalización de obras, debido a que estas tareas serán delegadas a los nuevos ingenieros que contrató la institución. Se trata de los más de 150 profesionales que la cartera envió a Brasil para diferentes especializaciones.
“Nosotros limpiamos nuestro presupuesto de este año, renunciamos a gastos que no son precisamente de infraestructura, sino como por ejemplo, la fiscalización. Nosotros nos organizamos y muchas de las fiscalizaciones grandes vamos a hacer nosotros, porque esos gastos impactan mucho en una obra. Hay que resaltar que una fiscalización te cuesta incluso US$ 7 millones y con 10 contratos de este tipo ya se ahorran 70 millones”, enfatizó.
Una de las obras que se verán afectadas con esta decisión es la construcción del puente entre Asunción y Chaco’i, cuya licitación para la fiscalización fue cancelada por varios cuestionamientos. Velázquez no citó otras obras que se verán afectadas, pero dijo que son varias.