El exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Alfredo Guachiré pidió que algún miembro de la CIDH de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acuda a Paraguay a verificar el juicio que afronta junto con su exjefe y exministro de Emergencia Nacional Camilo Soares. Ambos están acusados por lesión de confianza, con un daño patrimonial al Estado de G. 1.224 millones con la compra de los “coquitos de oro”.
En su escrito, Guachiré indica que el Estado paraguayo, a través del Poder Judicial, viola derechos humanos como las garantías procesales, específicamente la prescripción. Afirma que el hecho punible de lesión de confianza ya prescribió, pues el caso data de hace 10 años.
El juicio oral y público se inició el pasado 3 de marzo, pero las defensas de los dos acusados venían planteando incidentes que impidieron hasta el momento el avance de la audiencia oral y pública.
Festival de chicanas
Guachiré había recusado a los jueces Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, quienes integran el Tribunal de Sentencia que tiene que juzgarlos a él y a su exjefe Soares. También recusó a los miembros de la Cámara de Apelaciones de la causa y a los de la Cámara de Apelaciones que tomó intervención de forma interina. En total, nueve jueces.
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Al ser confirmado el Tribunal de Sentencia días después, se esperaba que el miércoles siga el juicio. Pero al inicio de la audiencia, Guachiré volvió a recusar a los tres miembros, que fueron reconfirmados horas más tarde. Había esperanza de que el juicio siga esta mañana, pero el acusado recusó a los jueces por tercera vez, aunque en menos de media hora fueron confirmados por la Cámara a fin de que no se pierda otro día y continúa el juicio oral y público, informó el periodista de ABC Color Carlos Ortega.
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Pero Guachiré y Soares finalmente se salieron con la suya y volvieron a postergar el juicio con una cuarta y quinta recusación en menos de una semana. El primero recusó a los jueces Zárate y Héctor Capurro, en tanto que el segundo, a Zárate y García de Zuñiga.
US$ 50.000 para blanquearlo
Camilo Soares denunció en los medios de comunicación que a través de terceros le pidieron US$ 50.000 para no condenarlo y ofrecerle la extinción del caso.
“A mí me hicieron pedir plata en nombre de estos jueces, pero como yo no tengo la comprobación de que son ellos los que pidieron plata, entonces yo no puedo asegurar eso (...) Eso fue antes de tratar la prescripción, me pedían 50.000 dólares. ¡¿Pero están todos locos?! 50.000 que yo tenía que pagar para que me den la prescripción”, dijo en entrevista con los medios.
