El Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de turno, resolvió rechazar la recusación promovida por el procesado Camilo Soarez, el abogado Rodolfo Aseretto y el procesado Alfredo Guachiré Medina, bajo patrocinio del abogado Víctor Fidel Mujica, contra el Tribunal de Sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro Radice y María Fernanda García, debido a que considera que no se observa situación alguna que pueda “poner en duda la imparcialidad o independencia de los jueces recusados”.
Por lo tanto, concluyó que corresponde que la recusación sea rechazada “por su completa improcedencia”, expresa el documento.
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“Afán dilatorio”
Además, los miembros del Tribunal de Apelación consideraron que los recusantes tienen un afán dilatorio, pues por tercera vez recusan al Tribunal de Sentencia “sin ningún fundamento mínimo”, expresa la resolución.
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Agregan que, incluso, los recusantes no han mencionado causal expresa que justifique las incidencias planteadas y “no han probado mínimamente sus manifestaciones”, agrega el oficio.
Añaden que, a efectos disciplinarios, comunicarán de estas circunstancias al Consejo de Superintendencia. Además, dispusieron que a través de la oficina de Reacción Inmediata de Auditoría de Gestión Judicial se efectúe un control y monitoreo del presente proceso.
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Ayer, jueves, el juicio oral contra los acusados Camilo Soares y Alfredo Guachiré se pospuso nuevamente debido a que el abogado Víctor Mujica, en representación del acusado Guachiré, planteó nuevamente una apelación general contra el fallo de la Cámara de Apelación que había rechazado la recusación planteada contra los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga.
El Tribunal corrió traslado a la Cámara de Apelación y esta rechazó el incidente en cuestión de 20 minutos, con lo cual se dio luz verde para que el juez Zárate reinicie el juicio.
La determinación enfureció a los acusados, siendo Camilo Soares el primero en plantear una recusación contra el pleno del Tribunal de Sentencia, del que dijo –entre otras cosas– que estaba enfocado solo en condenarlos. Sin ofrecer pruebas, acusó a dos de los tres jueces (sin dar nombres) de haberles hecho llegar un pedido de dinero para fallar a su favor y que, ante la negativa de pagar la supuesta coima, ahora le quieren condenar a como dé lugar y, de paso, para congraciarse con la prensa.
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Los acusados utilizan las chicanas como estrategia para evitar que prosiga el juicio en el que se los investiga por un daño patrimonial de más de G. 1.200 millones en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en 2009, durante el gobierno de Fernando Lugo, cuando Soares era el titular de la SEN y Guachiré, director de la Unidad Operativa de Contrataciones.
Pese al ejercicio abusivo del derecho, los acusados hasta ahora no fueron sancionados.