Antes de que se retome el juzgamiento, el abogado Víctor Mujica, en representación del acusado Guachiré, planteó nuevamente una apelación general contra el fallo de la Cámara de Apelación que había rechazado la recusación planteada contra los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga.

El Tribunal corrió traslado a la Cámara de Apelación y esta rechazó el incidente en cuestión de 20 minutos, con lo cual se dio luz verde para que el juez Zárate reinicie el juicio.

La determinación enfureció a los acusados, siendo Camilo Soares el primero en plantear una recusación contra el pleno del Tribunal de Sentencia, del que dijo –entre otras cosas– que estaba enfocado solo en condenarlos. Sin ofrecer pruebas, acusó a dos de los tres jueces (sin dar nombres) de haberle hecho llegar un pedido de dinero para fallar a su favor y que ante la negativa de pagar la supuesta coima, ahora le quieren condenar a como dé lugar y de paso para congraciarse con la prensa.

Soares recordó que hace diez años enfrenta este proceso y que eso le afectó en lo laboral y personal. Sin embargo, no recordó que la década que cumplió esta investigación se dio a raíz de las innumerables chicanas que presentó a lo largo de todos estos años.

Posteriormente, el otro acusado, Alfredo Guachiré, también planteó una nueva recusación contra el Tribunal, pero solo contra Juan Carlos Zárate y Héctor Capurro. Dijo, al igual que Soares, que recibió un supuesto pedido de plata para dos miembros del Tribunal y que perdió la confianza en esos jueces. Incluso, calificó de “payaso” al magistrado Zárate.

Las recusaciones se enviaron a la Cámara para que los resuelva y luego se vuelva a proseguir el juicio.

Los acusados utilizan las chicanas como estrategia para evitar que prosiga el juicio, en el que se los investiga por un daño patrimonial de más de G. 1.200 millones en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en el 2009, durante el gobierno de Fernando Lugo, cuando Soares era el titular de la SEN y Guachiré, director de la Unidad Operativa de Contrataciones.

Pese al ejercicio abusivo del derecho, los acusados hasta ahora no fueron sancionados.