En una nota enviada el viernes pasado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, la titular del Ministerio de Justicia, Cecilia Pérez, pidió que se apliquen medidas alternativas a la prisión a los procesados por violar la cuarentena, tanto adultos como adolescentes.

“Se solicita que, en la medida en que las condiciones procesales de las personas detenidas hasta la fecha así lo permitan (...) les sean aplicadas medidas de apoyo al Personal Sanitario de Centros Hospitalarios y de Salud, debiendo prestar servicios en dichos lugares, mientras duren sus procesos, sean éstos de apoyo, limpieza, logística y otros” (sic), dice parte de la solicitud.

La aplicación de medidas cautelares está a cargo de los juzgados penales de garantías y sus fallos pueden ser revisados por los tribunales de apelación en lo penal. El Art. 245 del Código Procesal Penal establece las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva y una de las contempladas taxativamente es “la obligación de someterse a la vigilancia de una (...) institución determinada...”.

Igualmente, la norma faculta al juez a imponer “cualquier otra (medida) que sea compatible con la naturaleza del caso”, de acuerdo a la redacción de la última modificación del citado artículo, que fue en julio de 2019.

No obstante, la ley penal aclara que “no se impondrán estas medidas, contrariando su finalidad, que es asegurar la comparecencia del sospechado (sic) al procedimiento o el cumplimiento de la sanción”.

La solicitud de la ministra de Justicia ingresó en Mesa de Entrada de la Corte el viernes 20 de marzo pasado, de acuerdo al sello de recibido que acompaña la nota.