César Agustín Balbuena, que ejerció la intendencia en Santa Elena entre 2010 y 2015, se convierte de esa forma en el primer intendente del departamento de Cordillera condenado por mal manejo de los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide).
El proceso comenzó en marzo de 2015, cuando la entonces fiscal Sunilda Gonzalez imputó a Balbuena y al tesorero Chaparro por hechos punibles contra el patrimonio público y lesión de confianza. Balbuena estuvo en prisión preventiva por unas semanas, hasta que fue beneficiado con medidas alternativas.
La acusación se realizó en noviembre de 2015 y se dio inicio a un largo proceso plagado de chicanas jurídicas, entre las que se incluyeron recursos de inconstitucionalidad, recusaciones y anulaciones de juicios.
Los fiscales del caso fueron Zulma Benitez y Benjamín Vera, y el abogado de la querella es Hugo Vergara, que pidió una sanción ejemplar para los procesados.
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Según un informe del Banco Nacional de Fomento, que se dio a conocer durante el juicio, la mayoría de los cheques del Fonacide de los años 2012 y 2013 fueron cobrados por operadores políticos y familiares del exjefe comunal, e incluso por un funcionario de la Contraloría General de la República, que trabajaba como “asesor de la Comuna”.
La defensa de los condenados anunció que apelará la decisión judicial y reiteraron que el proceso es “una persecución política y mediática”.