El plan fue enviado por la legisladora al Poder Ejecutivo, al presidente del Congreso, Blas Llano, y a la Comisión de Reestructuración del Estado, que es presidida por Raúl Latorre, para que sea considerado dentro de lo que será la reforma.
El principal planteamiento pretende un reordenamiento de los municipios y las gobernaciones, en principio, a través de cambios en la ley Orgánica Municipal. “La Ley Orgánica Municipal es un mero enunciado de intenciones que no se corresponde con la realidad. Entonces o se cambia la ley para adecuarla a la realidad de las municipalidades del país o se modifican las municipalidades para que sean capaces de cumplir la ley, pero la hipocresía en la que hemos caído es inaceptable”, explicó al respecto.
En una de las propuestas de modificación a la normativa municipal se establece la separación de la representación política -intendente y Junta Municipal- de la administración y gestión ejecutiva de la comuna.
Para ello, plantea la creación de la Junta Municipal de Vecinos (JMV) con un administrador comunal (AC). Dicho administrador deberá rendir cuentas a los vecinos organizados representantes de los barrios de la ciudad. También sugiere que se reduzca drásticamente el número de concejales y sus remuneraciones.
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Asimismo, recomienda replantear el funcionamiento de las Direcciones de Catastro de las municipalidades y la relación de estas con el Servicio Nacional de Catastro (SNC). “Ya mencionamos la importancia decisiva del buen funcionamiento de las unidades de catastro tanto para la planificación como para la fiscalización y recaudación de los municipios, así como el estado actual en que se encuentran”, refirió.
Igualmente, sugiere que el Poder Ejecutivo termine con la creación de nuevos municipios. “El Poder Ejecutivo debe vetar toda ley de creación de nuevos municipios y debe iniciar un decidido proceso de fusión de los mismos, comprometiendo respaldo del Gobierno central con planes de soporte a aquellos que sean capaces de reestructurarse y fusionarse”, expresó.
En este mismo sentido, plantea la agrupación de departamentos en regiones y la incorporación de un consejo regional formado por administradores departamentales e instituciones del Estado entre ellas la Secretaría Técnica de Planificación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Viceministerio de Minas y Energía, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social. “El administrador departamental estaría asistido por un consejo de intendentes y una junta constituida por representantes de las juntas municipales. Ni los intendentes ni los representantes de las Juntas Municipales percibirían dietas ni salarios”, detalló.
González señaló a ABC Color que este plan queda en manos del Poder Ejecutivo y que depende de la voluntad política su consideración dentro de los proyectos de reforma estatal. “Esta refuncionalización y reestructuración del sistema municipal y de gobernaciones es posible sin pasar por una reforma constitucional. El problema que conspira contra esta propuesta es identificable y difícil de sortear: una clase política que no piensa y su indoblegable voluntad de no hacer nada que perjudique al sistema que conocen con pelos y mañas”, sentenció.