Fernández conversó este viernes sobre el informe preparado por el equipo encabezado por el ministro de la Secretaría Nacional Antidroga (Senad), Arnaldo Giuzzio, que refiere que hubo anomalías en 32 procesos de compra para supuestamente dotar de insumos y equipos al Ministerio de Salud en la lucha contra el coronavirus de Wuhan.
El exfiscal, quien formó parte del equipo de Giuzzio y encabeza la Secretaría Anticorrupción, sostuvo que entre lo más llamativo que se encontró estuvo el hecho de que el Ministerio de Salud iba a pagar hasta 200% por encima del precio de referencia por uno de los ítems en una de las licitaciones. Sin embargo, no precisó cuál era este insumo específico.
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Según Fernández, no hubo correcta fundamentación en la fijación de estos precios de referencia. “Hubo falta de la debida fundamentación en la fijación de los precios fundamentales. Esos precios son tenidos en cuenta para evaluar las ofertas de los convocantes. El Ministerio de Salud es el que fija estos precios. No hay evidencia sólida respecto a ese precio referencial, eso puede incidir en el proceso de licitación”, explicó.
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“Eran costos que están muy por encima de los costos referenciales, muy por encima de los 20% que permite la Ley de Contrataciones Públicas. El problema estuvo en la fijación de precio. Pudo haber habido incluso menores precios (de referencia) a los del mercado”, dijo Fernández como uno de los posibles motivos de este fenómeno.
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Otra de las cuestiones que detalla el informe es que funcionarios firmaban documentos dentro de los comités de evaluaciones para las ofertas dentro del Ministerio de Salud, pero ni siquiera habían sido nombrados aún para el efecto. “Designaciones precarias, con providencias no formales, hasta inconsistencias en la incorporación, que en muchos casos se dio antes de su designación en tal carácter. Esa es una cuestión que se dio en la mayoría de los procesos”, añadió el ministro Anticorrupción.
Tardaron tanto… que dejó de ser urgente
Otra de las conclusiones a las que llegó esta comisión fue que los procesos licitatorios en algunos casos fueron tan lentos que la compra de los insumos que se contenían en ellos dejó de ser urgente y, en consecuencia, no hacían mérito para calificar como “compra por urgencia por COVID”.
“Eran periodos de tiempo prolongados entre evaluación de oferta y firma de contratos, dejando sin sustento la impostergabilidad”, sostuvo.
Salud Pública quería aprovechar para comprar cosas sin urgencia
El Ministerio de Salud Pública usó el “código COVID” —con permisos especiales como consecuencia de la Ley de Emergencia— para tratar de comprar insumos que nada tienen que ver con la lucha contra el coronavirus, detalló el exfiscal Fernández.
“No afirmamos que no sean compras propias del MSP, sino que se haya usado la pandemia para comprar otro tipo de insumos (…) Precisamos que se haga un mejor estudio de las necesidades y separar los fondos para las necesidades regulares”, indicó.
¿Se castigará a los culpables?
“La fortaleza de esta comisión es actuar antes de que los procesos continúen. Actuamos de forma preventiva. Eventualmente existen responsabilidades individuales”, señaló. El reporte —recordó— pide sumario administrativo para todos los funcionarios implicados en estos procesos irregulares.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó hoy que cancelará todos los procesos que hayan sido señalados como sospechosos por la comisión. En sus manos estará la decisión de abrir o no sumario a sus funcionarios. El antecedente más cercano es que el titular del MSP blindó a su asesor jurídico, Gustavo Irala, y al exadministrador Alcides Velázquez por el escándalo de los insumos chinos de las empresas Imedic y Eurotec.
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“Corresponde una investigación o sumario (…) Un aspecto importante es que en este proceso en donde pedimos anulación no hubo disposición patrimonial, la lesión de confianza se descarta. Este hecho no es punible en grado de tentativa. En la mayoría de estos casos, como de no haberse generado daño patrimonial, no hay investigación penal”, expresó quien fuera agente del Ministerio Público en Delitos Económicos.
Lo que sí podría suceder es que alguna persona sea procesada por estafa en grado de tentativa, algo que no se da con la lesión de confianza. Diferente es el caso de la licitación de los insumos del clan Ferreira, en que sí se pagaron G. 17.000 millones por elementos inservibles, concluyó.