El tribunal del primer arbitraje internacional “ad hoc” al que recurrió la empresa portuguesa Mota Engil, excontratista del fracasado proyecto del metrobús, rechazó la solicitud de rectificación que presentó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y ordenó a la institución que desista de la ejecución de la garantía del fallido proyecto, al menos hasta que se resuelva en otro juicio si Mota incumplió o no.
A través de la orden procesal N° 5, a la que accedió ABC Color, el colegiado resolvió por unanimidad, el 30 de junio pasado, que el MOPC suspenda la ejecución de las pólizas, tanto de Royal Seguros como del Banco Itaú, y que “informe a dichas entidades que las ejecuciones de las garantías se encuentran desistidas y sin efecto irrevocable”.
Recordemos que el MOPC ya reclamó las dos pólizas mencionadas hace cuatro meses (por unos US$ 13 millones), que son por la garantía de fiel cumplimiento (de Royal Seguros por US$ 6,4 millones) y por el anticipo (del Banco Itaú por US$ 6,6 millones). Solo Royal Seguros realizó un pago por consignación (en una cuenta judicial), que hasta la fecha no se resolvía.
En este caso, el tribunal presidido por el brasileño José Emilio Nunes Pinto dio tiempo hasta el miércoles 15 de julio al MOPC -representado por la Procuraduría General de la República (PGR)-, para que comunique con “prueba documental” la suspensión de la ejecución de las garantías (ver las decisiones del tribunal en el facsímil).
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Vale señalar que los integrantes del tribunal arbitral internacional ya resolvieron en mayo que el Estado se abstenga de ejecutar las pólizas del fallido proyecto, pero el MOPC pidió una rectificación de la decisión. Empero, nuevamente el colegiado se ratificó en su postura inicial, reafirmando los puntos resueltos en las órdenes procesales N° 1 y 3.
También exigió a Mota Engil a que emita una garantía del arbitraje a favor del MOPC por un monto que será determinado y que tenga vigencia hasta la duración del juicio. Asimismo, se pidió a Obras Públicas que informe sobre la estimación de la cartera en concepto de los daños “que alega haber sufrido como consecuencia de los supuestos incumplimientos del contrato por parte de Mota Engil”.
PGR volverá a recurrir
Se le consultó al Procurador, Sergio Coscia, sobre las medidas que tomarán tras la ratificación del tribunal en su postura inicial, y dijo que están analizando los escenarios. “Vamos a insistir con otros recursos posibles, sostengo que es inaplicable la medida porque viola principios de orden público. Vamos a pelear hasta obtener un resultado definitivo y vamos a pelear para que sea aplicable. No desconocemos bajo ningún punto al tribunal, pero si nos dictan medidas que no podemos cumplir no nos queda otra que seguir recurriendo hasta agotar las instancias”, dijo.
Mota exige US$ 25 millones
El MOPC desembolsó US$ 30 millones a Mota Engil, empresa que no terminó ni el 30% de lo proyectado en el metrobús, y en el arbitraje internacional solicitó otros US$ 25 millones más por los supuestos “daños” que le causó la obra, por los atrasos en la liberación de la franja de dominio. Los tramos 2 y 3 se adjudicó a Mota por US$ 54 millones, en febrero del 2016 (G. 300.417 millones), pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones).
