CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). El intendente de La Colmena, Mario Melgarejo (cartista), fue imputado por supuestos delitos ambientales y hasta tiene un permiso especial de un juez local para cumplir funciones.
El intendente de San Roque González, Óscar Alfonzo (Añetete), está imputado por aparente violación de la veda y cuarentena sanitaria. Tiene una cuestionada administración y un supuesto faltante de G. 500 millones, según denuncia la Junta Municipal. También tiene un permiso especial.
La intendenta de Quiindy, Alba Acevedo (Añetete), tiene varias causas y denuncias pendientes en la Fiscalía, a cargo de Teresita Paredes por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial de más de G. 1.300 millones. Es por la compra de “vaka’i de oro”, distribuido en el kit de alimentos que figuraba a un costo de G. 46.000 la unidad, además de la pésima calidad de los alimentos. Esto derivó en la intervención de la Fiscalía y la Contraloría, pero ninguna avanza en las investigaciones.
La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (Añetete), esposa del imputado diputado Esteban Samaniego, tiene una causa pendiente en la Fiscalía del Quiindy a cargo de la fiscal Teresita Paredes, por aparente apropiación de dietas de cinco concejales críticos desde que asumió en 2018 hasta la fecha. Adeuda más de G. 100 millones y la representante del Ministerio Público no se expidió aún sobre el particular. Corvalán se salvó de la intervención gracias a la influencia de su esposo, quien es titular de la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales.
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El intendente de Escobar, Elvio Ruiz Díaz (Añetete), fue denunciado por supuestos casos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. La demanda fue promovida por los concejales colorados Adolfo Roa y Raúl Chávez por la falta de rendición de cuenta de unos G. 4.800 millones del Fonacide, royalties y otros recursos. Pero el jefe municipal evitó que su investigación avanzara gracias a que audios filtrados de ABC Cardinal 730 AM demostraban que la entonces fiscala del caso Patricia Filippi le pidió una coima para evitar su imputación.
Los fiscales Luis Piñánez y Rodrigo Estigarribia procesaron a Filippi ante una supuesta denuncia de pedido de coima de unos G. 100 millones. El expediente fue llevado por los fiscales Piñánez y Estigarribia, pero hasta la fecha nada se supo del proceso.
El intendente de Carapeguá, Luciano Cañete (Añetete), busca ser reelecto y tiene una denuncia pendiente en el Ministerio Público por presunta malversación del Fonacide y sobrefacturación de unos G. 62 millones en obras de empedrado realizado en un camino vecinal de la compañía Beni Loma. La denuncia fue promovida por el concejal de este distrito, Ángel González (ANR).
El intendente de María Antonia, Luis Carlos Ledezma (cartista), tiene una denuncia en la Fiscalía por supuestas irregularidades de malversación de los fondos municipales en el periodo fiscal 2017-2018, de más de G. 2.500 millones.
El intendente de Acahay, Alcides Sosa (Añetete), fue denunciado ante la Contraloría por el rechazo de la ejecución presupuestaria 2018 por supuestas obras inexistentes y sobrefacturadas.
El intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez (PLRA), fue imputado por supuesto incumplimiento del plan de mitigación ambiental. También cuenta con un permiso especial, pero adelantó que en diciembre próximo renunciará al cargo y no será nuevamente reelecto ni aguardará la nueva fecha de elecciones municipales previstas para el 2021. Rodríguez es el único procesado y anunció que no buscará su rekutu.