Con la resolución 1.367, de ayer, la presidencia del Indert dejó sin efecto la número 1.334, emitida dos días antes, con el que se “removíó” del cargo de Transparencia y Anticorrupción a Alfredo Torres, y se admite que era improcedente, porque se requería de un decreto del Poder Ejecutivo para dicho efecto.
En el considerando de la reposición de Torres, se indica que el Decreto reglamentario 1.843 del 28 de mayo de 2019 establece que se requiere un decreto del Poder Ejecutivo, previa solicitud de parecer de la Secretaría Nacional Anticorrupción para cambiar al director de Transparencia y Anticorrupción del ente.
A su vez, fue la propia “designada” como nueva titular de Transparencia y Anticorrupción, Abg. Elga Antonia Escobar, quien solicitó dejar sin efecto su “designación”, considerando los argumentos jurídicos expuestos en un adjunto.
Recordemos que, a fines de mayo, el fiscal Luis Said Frágueda, realizó un allanamiento del local del Indert, oportunidad en que se incautaron documentos y equipos varios.
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Uno de los puntos de la investigación del fiscal Said apuntó hacia la ilegalidad y el destino que tuvo el cheque Nº 438.056-5 del BNF, por valor de G. 29.064.690 de la cuenta del Indert.
Otro hecho denunciado es el supuesto cobro irregular en concepto de bonificaciones por parte del presidente del Indert, abogado Mario Vega, que había recibido por un determinado lapso.