La fiscala Sussy Riquelme solicitó al Juzgado de Garantías que declare en estado de rebeldía a Patricia Ferreira Pascottini (presidenta de Insumos Médicos S.A.) y a Nidia Godoy Ojeda (directora titular de la misma empresa), a fin de garantizar el sometimiento de las mismas a la Justicia.
Ambas están imputadas por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.
“Teniendo en cuenta la Orden de Detención dictada por el Ministerio Público, la actitud asumida por las imputadas que hacen presumir la alta posibilidad de fuga, dada la sospecha fundada sobre su participación y responsabilidad en los hechos investigados, conforme surge de los elementos primarios recabados, motivos que ameritan que el Juzgado dicte, de oficio incluso, la medida solicitada en contra de las ciudadanas Patricia Beatriz Ferreira Pascottini y Nidia Godoy Ojeda, solicito, muy respetuosamente, conforme las disposiciones previstas en el artículo 82 del Código Procesal Penal, se declare la rebeldía de las imputadas a fin de garantizar el sometimiento de las mismas a las resultas del presente proceso”, refiere parte del escrito.
Según la denuncia formulada por la multinacional brasileña Eurofarma, a través del abogado José Domingo Almada, la empresa paraguaya Insumos Médicos S.A. habría utilizado facturas falsificadas de la empresa denunciante a fin de falsear el verdadero origen de los medicamentos que vendió, obtener los permisos para importar y comercializar remedios sin ningún tipo de control. Esas facturas serían de los años 2018 y 2019.
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Los fiscales solicitaron informes a la Subsecretaría de Estado de Tributación y a la Abogacía del Tesoro; libraron oficios a varias instituciones y se constituyeron tanto en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, como en Aduanas.
Las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público detectaron 10 facturas que habrían sido también falsificadas, motivo por el cual la fiscalía imputó a los directivos de Imedic.
Recusó al fiscal de la causa
Patricia Ferreira había presentado recusación contra el agente fiscal Marcelo Pecci a fin de apartarlo de la causa, pero el mismo fue confirmado por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a fin de seguir interviniendo en la investigación.
Previamente, la fiscala general fue impugnada, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó este requerimiento.
En todos los casos, Patricia Ferreira realizó estas presentaciones a través de sus abogados.